Colonización alemana y propiedad indígena en la Región de Los Lagos
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A mediados del siglo XIX se iniciaba en territorios de la X Región de
Los Lagos, el proceso de colonización alemana, surgiendo y desarrollándose
una sociedad aislada del país, de cuyo centro estaba separada por la
Araucanía.
Cada inmigrante alemán, recibía una hijuela de 12 cuadras y 6 cuadras
más por cada hijo varón mayor de 10 años. Quedaba exento durante los primeros
10 años, del pago de contribuciones y el Estado chileno se comprometía a
pagarle, durante el primer año, $ 15 mensuales a cada una de las familias
alemanas. Además se les entregaba un par de bueyes, una vaca parida, tablas
de alerce, clavos y alimentos.
 Una de las condiciones exigidas a los colonos, era la residencia en el
predio asignado. Se indicaba que todas las prerrogativas ofrecidas terminaban
en el momento en que se descubriera que al cabo de algún tiempo el colono no
había cercado, desmontado ni realizado cultivos en su predio.
Así surge en estas tierras una floreciente economía regional, basada
en una propiedad agrícola de tamaño medio, trabajada por sus propios dueños,
apoyada por el Estado y con una abundante mano de obra sureña, factores que
explican en gran parte el éxito de este proceso.
La colonización alemana no estuvo exenta de problemas. Uno de ellos,
el conflicto de tierras, se explica por la existencia de una considerable
población indígena que habitaba en la zona, aunque el Estado chileno negaba
su existencia y aseguraba que la región estaba prácticamente despoblada.
Las comunidades indígenas —que se mantuvieron al margen del mercado de
trabajo que iba
estableciendo el proceso de colonización— se concentraban en la zona cordillerana de la Provincia de Valdivia, alrededor de los lagos precordilleranos y en el sector costero de la Provincia de Osorno y según el censo de 1845, su población alcanzaba a unos 24 mil individuos.
Juan Currieco se traslada a Puerto Montt para solicitar a las
autoridades de la Colonia de Llanquihue una aclaración de esta situación. Sin
embargo al llegar a la ciudad es encarcelado bajo la acusación de robo de
ganado, interpuesta por inmigrantes alemanes del sector de Coihueco,
liderados por Juan Renous.
Desde la cárcel, Pichi Juan envía una carta al Presidente de la
República don Manuel Montt, solicitando la suspensión del juicio que se le
sigue declarándose inocente de las acusaciones.
El presidente de la República, conocedor de los servicios prestados al
proceso de colonización por Juan Currieco y de las irregularidades del
proceso seguido en su contra, ordenará la suspensión del juicio y la
devolución de su hijuela.
En las últimas décadas del siglo XIX surgen los problemas de tierras
entre colonos alemanes e indígenas. Al parecer, es la aparición del
latifundio —cuando los descendientes de los primeros colonizadores comienzan
a expandir sus propiedades y se encuentran con las que ocupan los indígenas—
y la ausencia de una legislación que proteja la propiedad indígena, las
razones fundamentales que explican esta conflictiva situación.
La revisión de la prensa sureña de la época nos da a conocer los
reclamos realizados por los indígenas. En su edición del 21 de octubre de
1893 el periódico puertomontino "La Alianza Liberal", informaba:
"Cuatro caciques con 80 mocetones y algunas mujeres de los
caciques se han paseado por nuestras calles. Llegaron con el objeto de
saludar al nuevo Intendente don José Vergara, y reclamar que los alemanes les
están arrebatando sus tierras "
En los periódicos también comienzan a ser publicadas algunas críticas al proceso de colonización. En su edición del 1 de noviembre de 1898, el diario "El Llanquihue" de Puerto Montt, denunciaba:  "Destiladores de aguardiente es la principal industria de los
señores alemanes. El mismo Gobernador de Osorno don Carlos Fuschlocher dice
que dentro de 20 años desaparecerá toda la indiada todavía hoy existente en
nuestra región y en todas partes donde los alemanes estén en contacto con los
antiguos pobladores de estas tierras. Deberían dictarse medidas enérgicas
para que desaparezcan los que llegaron a nuestra tierra sólo a fabricar
tósigos, que van concluyendo con los naturales".Las protestas de fines
del siglo XIX se transforman en enfrentamientos en los primeros años del
siglo XX, existiendo una larga lista de incidentes con un elevado número de
víctimas, fundamentalmente indígenas. La Matanza de Forrahue ( octubre de 1912 ), fue un suceso emblemático
de este conflicto de tierras. Los hechos sucedieron en esta localidad cercana
a Osorno, en donde las fuerzas policiales intervienen a favor de colonos
alemanes que se enfrentaron a una comunidad huilliche encabezada por el
cacique Juan Acum. Los periódicos de la época consignan el pavoroso saldo que
dejó la reyerta en la que se le prendió fuego a una ruca atestada de
indígenas. En su edición del 21 de octubre de 1912, el periódico de Osorno
"El Progreso", señalaba "La caravana no podía ser más fúnebre...dos
carretas repletas de muertos (25), cuatro con heridos y dos con reos" .
En octubre de 1916 concluyó un largo conflicto en Llanquihue entre
Manuel Huentelicán, cacique de la zona y Conrado Stange. La comunidad
indígena, encabezada por Huentelicán, ocupaba un terreno que por una poco
transparente operación de venta fue inscrito a nombre del colono alemán. El
cacique, denunciaba que no podía haber vendido el terreno pues no sabía leer
ni escribir y menos firmar. Todo terminó con la expulsión de los indígenas de
sus ancestrales tierras por la fuerza pública.
En 1914 se iniciaba en Frutillar otro conflicto de tierras. Sus
protagonistas eran el cacique Juan Pailahueque y Edmundo Winkler. El cacique
visitó en reiteradas oportunidades los diarios de la zona denunciando que se
le quería expulsar de sus tierras y que si las autoridades no intervenían se
desataría una tragedia. La violencia estalló en 1916. El lunes 13 de
noviembre Edmundo Winkler junto a Guillermo Held, Carlos Hechenleitner y
algunos mozos comenzaron a reparar una vivienda contigua a la que ocupaba
Pailahueque con su familia. Mientras trabajaban llegó el cacique acompañado
de algunos familiares, solicitando la paralización de los trabajos en vista
que la casa era de su propiedad. Ante la negativa de los intrusos, se inició
una violenta reyerta que culminó con la muerte de Pailahueque y su hijo
Pascual herido gravemente. El sumario del proceso fue realizado por
el juez de Frutillar don Fernando Hechenleitner, quien determinó el
encarcelamiento de los indígenas que sobrevivieron al enfrentamiento,
inculpados como agresores.En otros casos la violencia surgió como
consecuencia del remate de tierras habitadas por indígenas de cuya propiedad,
los colonos mostraban títulos otorgados por las autoridades locales.
Los misioneros capuchinos, denunciaron permanentemente estas
irregularidades. Cuando una Comisión Parlamentaria recorrió la región para
investigar el conflicto de tierras, el Padre Sigifredo de Trahunhaus realizó
una extensa exposición sobre los atropellos del que eran víctimas los
indígenas e indicaba que muchas de las fortunas en el sur de Chile se habían
construido sobre el despojo de sus propiedades.
En la edición del 27 de julio de 1917, del Diario Austral de Temuco,
se podía leer una carta denuncia del Padre Gerónimo de Amberga que en su
parte medular aseguraba:
"Para chuparle la sangre y despojar a los indios de sus suelos no
se ha necesitado ni inteligencia ni dinero; han bastado la maldad y la
mentira".
por
Juan Carlos Velásquez
Profesor
de Historia
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Colonización Alemana y
consecuencias en la vida Indígena
MIGUEL ANGEL CEA REYES
PEDAGOGIA EN HISTORIA Y
GEOGRAFIA
SEXTO SEMESTRE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
SOCIALES
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
El estudio de las mentalidades, nos propone una nueva forma de escribir
la
historia, puesto que se intenta analizar y explicar el actuar del hombre
en ciertos
contextos sociales, y en cierta medida se aleja de lo que es la historia
tradicional1, ya que esta contempla un carácter más informativo que explicativo
y que solo involucra a personajes de las elites de determinadas épocas2. En
contraposición a esto la historia social y de las mentalidades busca más bien
explicar el acontecer desde una visión de carácter explicativo y así determinar
la complejidad de los hechos históricos, dándole importancia a los sujetos, ya
que estos son los que a partir de sus actos son capaces de cambiar la
continuidad histórica y en consecuencia crean los hechos que son el componente
esencial de la historia.
Es así como se construye una historia de acuerdo a distintas
perspectivas, siendo una de ellas, la historia social; en donde el hombre
sumido en una estado de integridad basado en necesidades y encadenado en un
principio de gregariedad, hacen de este sujeto histórico una sociedad, es decir
un conjunto de personas con características propias las cuales buscan uno o
varios fines en común3. La Colonización Alemana en Chile, causó un impacto en
el sur de nuestro país, en un período de tiempo comprendido entre los años 1850
y 1930. Fue un fenómeno que se desarrolló entre las actuales provincia de
Valdivia por el norte, hasta la de Llanquihue por el sur.
Se trató de un proyecto estatal, que buscaba realizar la venida de
extranjeros al sur de nuestro país para impulsar un desarrollo económico en la
zona, explotar de manera eficaz las tierras ofrecidas por el Estado y ejercer
soberanía en estos territorios.
De esta manera, tras la venida de los primeros colonos Alemanes
(procedentes de regiones como Bohemia, Silesia, Braunau, Brandenburgo, entre
otras), se produjeron múltiples repercusiones culturales. Aunque el cambio
fundamental se produjo en función de un “choque cultural”.
En Chile, si bien existía el pueblo indígena el cual se encontraba
“aislado” de la
sociedad e inclusive invisibilizado por el naciente gobierno chileno4,
no estuvo exenta de problemas la integración de una nueva sociedad o pueblo, la
cultura Alemana.
Ya establecidos los alemanes en
la zona hicieron uso de los oficios a los cuales ellos se dedicaban, ya que no
llegaron solamente agricultores, sino también carpinteros, zapateros,
talabarteros, artesanos, entre otros. La utilización de estos oficios fue la
base para el desarrollo industrial. Los pilares de la industrialización fueron
principalmente, el rubro de la cervecería y cuero, por nombrar algunos. Estos
productos eran elaborados a partir de materia prima que se encontraba en la
zona, tales como la cebada, la linaza y la crianza de ganado.
Si bien, las chacras impartidas por el Estado eran de carácter legítimas,
esto no
fue suficiente para cubrir la necesidad que se acrecentó en la medida en
que pudieron implementar la industria en la región. A partir de este desarrollo
se comenzó a requerir de más propiedades, que le permitiera seguir creciendo
económicamente y es a partir de esto que se iniciaran las disyuntivas entre
colonos e indígenas. Con respecto a lo anterior es preciso entender ¿De qué
manera la “industrialización” modificó aspectos cotidianos de la vida de los
indígenas, sucedidos a fines del siglo XIX y principios del XX?
4 En esto se hace clara alusión a la propaganda realizada por Chile para
la venida de los alemanes, en la que se omite a estos la existencia de
indígenas en la zona.
A partir de esta interrogante, se logra dilucidar que, de una u otra forma
la
influencia del desarrollo de la industria, fueron factores fundamentales
en este cambio, lo cual afecto de forma directa la vida de los indígenas y
claramente se presentan los efectos que produjeron los hechos acaecidos
(expropiación de terrenos, estafas y engaños)
También se puede determinar que a partir de estas disyuntivas, los
indígenas
pudieron cambiar la forma en la que vivían, pasando a ser sometidos o en
caso contrario viviendo con la incertidumbre de que se cometa alguna injusticia
en contra de ellos.
El Territorio Huilliche en
Valdivia y Osorno
El término “huilliche” aparece mencionado por primera vez en las
crónicas hispanas luego de la refundación de Valdivia, a mediados del siglo
XVII, y fue utilizado para identificar a los indígenas que residían en las
inmediaciones de los establecimientos españoles de aquella jurisdicción
colonial[1].
De esta forma, y como ya fuera señalado, esta denominación no corresponde a una
definición étnica sino exclusivamente geográfica. Los mapuche-huilliche
denominan a su territorio como Huilliche, Huichan Mapu[2],
o Butahuillimapu, “gran territorio del sur”, el cual se extiende históricamente
desde el río Toltén[3]
por el norte, hasta la isla de Chiloé, por el sur. Al interior de esta entidad
territorial, según las crónicas, existían diversas subdenominaciones
geográficas o territoriales, entre las que se cuentan los “Cuncos” (ubicados
entre el río Bueno y la desembocadura del Maullín) o los denominados
“huilliches serranos” (entre Huequecura y el río Maipué).
Desde el período colonial hasta la actualidad, los huilliches muestran
ciertas especificidades culturales respecto de las otras secciones mapuches,
como el empleo de una variación dialectal del idioma mapudungun, llamado tsesungun[4].
La sociedad mapuche-huilliche tradicional, más allá de sus parciales
diferencias, tenía un carácter segmentario, ya que su organización se fundaba
sobre la base de numerosos grupos multifamiliares que conformaban unidades
residenciales y patrimoniales en una zona determinada, explotando así sus
recursos estratégicos. El núcleo primario de este tipo de organización se
define como un grupo local de parientes -muchulla, de acuerdo a la terminología
mapuche-huilliche- conformado por un número determinado de hogares o katan que
colectivamente explotan un área de recursos e integran una unidad residencial,
lo que les permitía vivir en condiciones de relativa autarquía en términos de
la subsistencia, aunque se daban algunos niveles de intercambio entre las
distintas unidades productivas[5].
A la llegada de los españoles, estas poblaciones tenían una economía
basada preferentemente en la horticultura y la ganadería, probablemente de
llamas o guanacos, con niveles de productividad significativos y a la vez
desiguales entre unos y otros[6].
Las crónicas describen sus viviendas como rukas de cuatro a seis puertas,
alrededor de las cuales sembraban maíz, papas y quínoa, contando los grupos
familiares con grandes masas de ganado[7].
Los huilliches complementaban su dieta agrícola, hortícola y ganadera, con
productos del mar, tanto en primavera como en verano, se dedicaban a la pesca,
la caza de lobos marinos o a la recolección de mariscos, accediendo a la costa
por el curso de los ríos y sendas taladas en los cerros.
Otros antecedentes aportados por los cronistas describen a los
huilliches del río Bueno, Ranco, Osorno y Quilacahuin, como una sociedad que
contaba con una economía de abundancia, los relatos hablan de que era en gran
medida cerealera, con un excedente de semillas para iniciar el nuevo ciclo
agrícola, lo que permitía la acumulación de alimentos después de la cosecha. En
su “Diario de Campaña”, el capitán Tomas de Figueroa afirmaba que:
“(...) en unas islas que forma el río Bueno en el paraje Truman [Trumao]
había cantidad de indios i ganados de todas especies ‘en tanto al suroeste del
lago Ranco, en las inmediaciones del rio Chaichahuen, el grupo local del lonko
Caniulef tenía ‘una población de 35 casas, todas llenas de sementeras”[8].
El poblamiento de los Huilliche en isla grande de Chiloé en tanto, se
remontaría al momento en que estos desplazan más al sur a los Chonos, para
establecerse en la costa de dicha isla. La más reciente hipótesis, sostiene que
Chiloé debió ser ocupado por las migraciones que se desplazaban desde el norte,
casi al mismo tiempo en que estas se asentaron en las inmediaciones del Canal
de Chacao, a lo que se agrega que la fecha más antigua de poblamiento que se
tiene para el sector lo señala Monte Verde, en el sector continental de Puerto
Montt, con más de 12.000 años[9].
Es posible sostener que el poblamiento del territorio isleño se remonta a más
de 5.000 años a.p. como se evidencia en los fechados realizados en el sitio de
Kilo, en las cercanías de Ancud. Por otra parte, los antecedentes hasta ahora
no indican claramente un poblamiento producto de desplazamientos y ocupaciones
norte sur como han graficado diferentes autores.
A
mediados del siglo XVI, los españoles deciden ingresar a los territorio
huilliches, fundar ciudades y ocupar -mediante la encomienda- a la población
indígena como mano de obra, en los lavaderos de oro. La primera incursión
hispana concluye con la fundación de las ciudades de Osorno, Valdivia y
Villarrica, y durante los primeros años la zona se mantiene en relativa calma,
lo cual permite que los asentamientos del sur sean utilizados para proveer de
recursos humanos y materiales a las tropas ubicadas en la Araucanía. Luego de
la muerte de Pedro de Valdivia, los huilliches, en alianza con los puelches de
la cordillera, se suman al alzamiento general mapuche en toda la zona sur[10].
Los
combates se extendieron hasta el año 1604, fecha en que el territorio huilliche
fue definitivamente recuperado, con el consiguiente abandono de las ciudades
por los españoles. Sin embargo, en 1650 estos refundan la ciudad de Valdivia,
con el objetivo de contener posibles ataques de corsarios y piratas ingleses u
holandeses, quienes se podían aliar con los huilliches en contra de la corona. Desde
esta ciudad se inicia un paulatino contacto entre españoles e indígenas, el que
fluctuará entre la violencia y el comercio pacífico, lo que no impide que hasta
1793 los huilliches tengan una suerte de “vida independiente” en toda la zona
austral.
El
contacto con los españoles generará en la sociedad mapuche-huilliche cambios
importantes, principalmente en lo que se refiere a la introducción de nuevos
recursos ganaderos -bovino, porcino, ovino- efectuándose un activo comercio
entre las agrupaciones de uno y otro lado del río Bueno, con el ganado traído
de regiones transcordilleranas[11].
En esta etapa, el vínculo entre los huilliches y los colonos sería
principalmente de carácter comercial.
Hacia
finales del siglo XVIII se produce una reducción importante del ganado que
vagaba en las pampas transcordilleranas, lo que provocó un fuerte descenso del
comercio ganadero en la zona del río Bueno, afectando fuertemente la economía
de los mapuche-huilliche de esta región[12].
Una de las consecuencias de este fenómeno es el incremento de los conflictos
entre las diversas agrupaciones por el control de los escasos animales, lo que
explicaría que los lonkos que se encontraban en las proximidades de la plaza de
Valdivia, buscaran llegar a acuerdos con los españoles en defensa de su
patrimonio[13].
Las
disputas internas de la sociedad mapuche-huilliche y la drástica reducción del
ganado vacuno, facilitaron el avance español hacia el interior, por medio de la
fundación de fuertes. Este proceso es acompañado de manera importante por la
llegada de misioneros jesuitas que desde 1740 establecieron haciendas y
misiones en la región[14].
Esta primera “avanzada hacendal” dará pie a que, una vez expulsada de Chile la
Orden Jesuita, sean particulares los que adquieran las tierras indígenas.
Las
relaciones pacíficas entre los españoles y sus “aliados” se interrumpen sin
embargo en 1781, cuando las distintas agrupaciones acuerdan una alianza con los
mapuche-pehuenche para expulsar a las tropas coloniales de su territorio. Los
intentos de las tropas españolas de avanzar desde Chiloé sobre los llanos de
Osorno, habían alertado a los indígenas sobre su objetivo final, que era el de
instalar fuertes en la región; además las tropas españolas no respondían al
compromiso de defenderlos contra sus enemigos, a esto se agregaba el
comportamiento abusivo de los peninsulares con la población local,
reiteradamente denunciado por los misioneros franciscanos[15].
En 1782,
la primera avanzada indígena, liderada por los lonko Trueque, Queipul, Tangol y
Guechañir es derrotada. Posteriormente a los combates se produce una retirada
transitoria de las tropas española de la zona, pero en 1787 son creadas dos
nuevas misiones, Dallipulli y Cudico, las que cumplirán un importante papel
como intermediarias entre los indígenas y las autoridades coloniales,
tendientes a conseguir la comunicación terrestre entre Valdivia y Chiloé y el
redescubrimiento de las ruinas de la antigua ciudad de Osorno [16].
Ante la
presión hispana ejercida desde Chiloé sobre el territorio huilliche, los lonkos
de las zonas de río Bueno, Ranco y los llanos de Osorno, firman el Tratado de
Paz el 24 de febrero de 1789 a orillas del río Bueno. Con esto se logró entre
otras cosas, que las tropas españolas situadas en Chiloé no los invadieran y
que, en su lugar, las autoridades coloniales de Valdivia los protegieran de sus
enemigos de Quilacahuin. Los indígenas ofrecen por su parte facilitar la
apertura del camino a Chiloé y permiten a los españoles ocupar Osorno; a la
firma del tratado acuden comisionados del gobernador de Valdivia y un alto
número de caciques huilliches[17].
Afianzada
la paz y con ella la posición española, aumentan las misiones y puestos
militares, y se forman haciendas en los llanos al norte del río Bueno. La
política de internación colonial dentro del territorio huilliche, consistía en
una primera etapa de establecimientos de fuertes y misiones, a cuyo alrededor
se iban conformando núcleos de población, primero militar y luego
mayoritariamente civil[18].
Esto explica que la mayor parte de las haciendas conformadas sobre las tierras
huilliche en esta época, sean propiedad de militares; y quienes venden, en
tanto, son por lo general caciques y/o gülmenes[19].
En 1792,
una serie de nuevos abusos cometidos por los españoles, además del avance de
estos en la ocupación de tierras y formación de haciendas, provocó la
reorganización de las distintas facciones huilliches. Se conforma una alianza
entre los caciques Tangol -de río Bueno- , Queipul y Catrihuala, quienes
inician una rebelión cuyo objetivo es destruir las haciendas, las misiones y
asaltar Valdivia, movimiento que inician en 1792. La contraofensiva española es
cruenta e implacable, incendiando rucas y sementeras, confiscando ganados y
aprehendiendo mapuche-huilliche. Todo lo anterior concluye en que los españoles
desconocen la frontera establecida en el río Bueno y se asientan
definitivamente en las ruinas de la antigua ciudad de Osorno, aniquilando la
resistencia indígena[20].
En este
contexto, en el año 1793 se adopta el Tratado de Paz de Las Canoas o Rahue.
Existieron otros parlamentos efectuados anteriores con los cacicatos de Cudico,
Dallipulli y Quilacahuín que, aunque contienen algunos acuerdos específicos,
fueron considerados preparatorios de este Parlamento General de Las Canoas por
las autoridades coloniales de Valdivia, de modo que también asistieron los
caciques de estas juntas precedentes. En el Tratado de Paz de las Canoas se
adoptaron, fundamentalmente, los siguientes acuerdos:
1. Cesión
del espacio territorial comprendido desde la confluencia de los ríos Rahue
-llamado entonces de Las Canoas- y Damas hasta la cordillera andina para la
refundación de Osorno y el asentamiento de colonos españoles.
2.
Sujeción política y judicial de los cacicatos mapuche-williche a la autoridad
colonial española y colaboración armada ante cualquier amenaza de los enemigos
de la corona y en requerimientos de necesidades de subsistencia de los
militares y colonos españoles destinados.
3.
Integración como fieles católicos mediante la aceptación del establecimiento de
misiones, obediencia a los misioneros y cumplimiento de los sacramentos de
bautismo y matrimonio, así como de la instrucción cristiana.
En el
régimen colonial español, los cacicatos huilliche fueron incorporados a la
sujeción de la corona española, manteniendo la estructura tradicional del
cacicato, a través del cual las autoridades coloniales ejercerían la dominación
política. Se trata de un régimen corporativo en cuanto mantiene los cacicatos
huilliche como medios para el ejercicio de la subordinación colonial y la
protección jurídica que limitase los abusos de los hispanocriollos.
Precisamente, una característica fundamental de esta relación soberana feudal
consistió en que las autoridades coloniales, considerándolos vasallos,
mantuvieron el derecho de los cacicatos huilliche a gobernarse autónomamente.
Los cacicatos huilliche durante estos años finales de la colonia fueron
entendidos como una estructura de gobierno y representación huilliche,
subordinada políticamente a la soberanía de la administración colonial
española, con facultades políticas para resolver diversos asuntos internos y de
relación política con las autoridades coloniales locales, como la compraventa
de tierras, la administración de justicia, la integración en la vida religiosa
católica, etc. El superintendente de Osorno, Juan Mackenna, en alusión a alguno
de los filósofos ilustrados, escribía en 1804:
“[...]
vería a los indios infieles vivir felices interpoblados con los españoles y
gobernándose por sus leyes y costumbres en todo aquello que no se oponga a su
propia felicidad, gozando una perfecta independencia y al mismo tiempo de todos
los derechos del miembro de una sociedad bien organizada, sin contribuir con
tributo ni carga alguna a sostener el gobierno, beneficio que ampara y mantiene
al más desvalido de ellos en pacífica posesión de su vida y bienestar [...]”.[21]
Este
estatus político de sociedad huilliche autogobernada estuvo definido según una
política colonial basada en una relación de tratado. Los destinatarios de este
Tratado de Paz de Las Canoas no son sólo los huilliches, sino también las
reivindicaciones de los propios españoles. Este tratado les sirve a estos
últimos para justificar, especialmente, derechos de cesión de un territorio
determinado destinado al restablecimiento de la antigua ciudad de Osorno y el
asentamiento de colonos en una situación de soberanía que reconoce el estatus
político de autogobierno de los huilliches.
Este tratado constituye hasta ahora, un hito histórico para las
comunidades de todo el Butahuillimapu, en tanto representa el acuerdo
entre dos autoridades legítimamente constituidas que establecieron una forma de
relación basada en un tratado. Por esta razón las comunidades siguen
recordándolo cada año y reclaman aún su vigencia.
Paralelamente a la firma de este tratado, a partir del año 1795 comienza
a establecerse la propiedad hacendal, y ya al finalizar la colonia, los vecinos
españoles de Valdivia se han apropiado de la totalidad de los llanos existentes
al norte del río Bueno. En esa época comienza la expansión hacia el sector del
río Calle-Calle y también, San José de la Mariquina, al norte de Valdivia.
Posteriormente, al sur del río Bueno se establecen las haciendas de El Pilar,
Cateu, Quilacahuin, El Roble, Bella Vista, Curaco, Conta y Chan Chan[22].
Hacia fines de la colonia se conservan en manos huilliches pequeñas propiedades
en el llano y gran parte del territorio de la costa, específicamente el gran
espacio geográfico que se extiende entre los ríos Rahue y Negro por el Este, el
Hueyusca por el Sur, el río Bueno por el Norte, y el mar por el poniente. Este
proceso de adquisición de tierras indígenas previo a la independencia, marca la
diferencia en la historia de la propiedad en el territorio huilliche respecto a
la zona de la Araucanía.
A partir de la Independencia se intensifica el proceso de compras de
tierras a indígenas, fenómeno que se extiende hasta mediados de la década de
1820, adquiriéndose de este modo una serie de propiedades en los Llanos, San
José de la Mariquina y Calle-Calle, principalmente. Este proceso se ve
facilitado por la desregulación de las ventas de propiedad indígena en este
período. Durante la colonia, la adquisición de tierras indígenas se daba en el
marco de ciertos mecanismos de control bastante rigurosos por parte de las
autoridades. Era evidente la preocupación de las autoridades coloniales por
resguardar los límites a las compras, de modo de evitar que los particulares
adquirieran un poder desmedido en la zona.
En ese entonces, para llevar a cabo una compra de terrenos, “... era
necesario elevar una solicitud al gobernador de Valdivia. Este encargaba a los
capitanes de amigos o al comisario de naciones verificar varios trámites
destinados a:
a) comprobar que los indígenas vendían las tierras de libre
consentimiento y habían recibido el pago señalado en la petición de compra;
b) verificar los límites de la propiedad;
c) ratificar la posesión; y,
d) ratificación de la venta y protocolarización de la misma por parte
del Notario público de Valdivia, lo que se hace con asistencia de los
compradores, capitanes de amigos y testigos” [23].
Durante la colonia, el traspaso de tierras de indígenas a no indígenas
estaba regulado, como se ha visto, por la participación del Comisario de
Naciones y el gobernador de Valdivia. Desde 1820 las normas parecen no respetarse
e inclusive ignorarse. En los contratos comienzan a intervenir funcionarios de
menor rango, como los jueces de letras, más susceptibles a la corrupción a
favor de los intereses de los particulares[24].
Durante
las primeras décadas posteriores a la Independencia nacional estos
procedimientos empleados durante la colonia nuevamente serán retomados para la
titulación de las tierras reconocidas a los huilliche. La Ley de 10 de junio de
1823, promulgada en el gobierno de Ramón Freire, efectivamente otorgaba
facultades al Intendente de Valdivia para que designara un vecino destacado
para deslindar los terrenos, redactar las actas de demarcación y entregar los
respectivos terrenos, declarados “en perpetua y segura propiedad”. Entre los
años 1824 y 1832, son ellos los encargados de hacer entrega de los Títulos de
Comisarios a los caciques de la zona, instrumentos en virtud de los cuales las
familias huilliches ya no sólo tendrán la posesión material de sus tierras sino
que ahora, junto a ella, obtendrán el reconocimiento legal del dominio[25]
y la posibilidad de reclamar un derecho ancestral, si bien en la práctica solo
se logró aplicar el primero de los artículos de esta ley.
Los Títulos de Comisario fueron entregados aproximadamente entre 1824 y
1848, en La Unión, Remehue, Pilmaiquen, lago Ranco y San Juan de la Costa,
principalmente[26].
A partir de 1830 se irá deslindando y adjudicando partes dentro del “gran
título” a través de los Títulos de Juez, instrumentos a través de los cuales se
reconoce dominio a las familias vivientes de un determinado sector, dando
origen a potreros o fundos, de menor extensión. De esta manera quedaba asentada
y titulada la propiedad indígena en gran parte del territorio huilliche.
A diferencia de Osorno y La Unión, en la provincia de Valdivia, los
estudios[27]
dan cuenta de la existencia de solo un Título de Comisario entregado en el lago
Ranco en 1834 a la comunidad de Illahuapi, inscrito en el conservador de bienes
raíces de río Bueno. En esta zona, por lo tanto, la propiedad de la tierra no
es debidamente regulada sino hasta unos ochenta años después, con la entrega de
los Títulos de Merced, cuando se hacen efectivas las leyes de radicación y
colonización extranjera.
Hacia 1850, se inicia un nuevo proceso de adquisición de tierras cuando
el gobierno de la época, preocupado por mejorar las condiciones económicas de
la región austral luego del proceso de Independencia, se propuso incentivar un
proceso de colonización extranjera[28],
política que afectó tanto los territorios de la Araucanía como al territorio
huilliche.
Uno de los temas más complejos de aclarar en la actualidad, es el de la
cantidad real de población indígena que habitaba en la zona para ese entonces.
La tesis que defendían los promotores de la colonización alemana, hablaba de un
“despoblamiento indígena” casi total, lo que desde su perspectiva permitiría la
ocupación de extensas áreas sin entrar en conflicto con anteriores ocupantes[29].
Para los funcionarios de Estado, a cargo del proceso, los huilliches que aún
vivían allí, estaban prácticamente en su totalidad, asimilados al orden social
y cultural chileno.
Según los datos que se manejan actualmente[30],
lo más característico de esta etapa fue el importante desplazamiento de
población, ya que desde los inicios del proceso colonizador y hasta mediados
del siglo XIX, muchos huilliches se desplazan hacia el territorio libre de la
Araucanía, otros cruzan la cordillera para instalarse en las pampas argentinas.
En cuanto a la cantidad de población existente, se cuenta con datos solo
para la provincia de Valdivia[31].
Los datos existentes sobre indígenas radicados en las misiones católicas,
muestran que estos habrían disminuido en un diecinueve por ciento
aproximadamente, entre el siglo XVIII y mediados del siglo XIX, sin embargo, no
se cuenta con datos sobre los indígenas que habitaban fuera del dominio
misional. Las áreas donde habría habido una disminución real de población
fueron la costa frente a la ciudad de Valdivia -Niebla, Corral, etc-, las
riberas del río Calle-Calle y sus afluentes, entre la costa y la ciudad de
Valdivia y al norte de esta en las riberas del río Cruces[32].
Sin embargo, los chilenos de la época combinaban los conceptos de
asentamiento y posesión[33].
Había muchas tierras que, sin ser habitadas en forma permanente, eran tierras
útiles y aprovechadas por los huilliches desde el punto de vista económico, En
ese entonces, las tierras donde no existían viviendas habitadas por indígenas.
eran consideradas baldías y, por lo tanto, apropiables por el fisco. Este
criterio no tomaba en cuenta el hecho de que el patrón de movilidad geográfica
de los huilliches privilegiaba el asentamiento de viviendas y cultivos en las
orillas de ríos y lagos, las zonas de los bosques no estaban pobladas o lo
estaban solo en algunos sectores, constituyendo básicamente áreas de
recolección temporal de especies, caza y pastoreo de ganado[34].
Los indígenas que habitaban en el interior, bajaban hacia las playas de La
Rada, Las Banderas y Maicolpué con el fin de pescar y mariscar.
La colonización se da entonces en un marco absolutamente desfavorable
para los huilliches. Por un lado, no se aceptaba la presencia física del
indígena en la zona, por otro, se negaban las características particulares de
sus formas de vida y el uso extensivo que este daba al territorio; por último,
el indígena pasaba a representar la imagen de un pasado de estancamiento
económico y cultural que se pretendía superar mediante el recambio de
población.
Por otra parte, en 1847, amparados en la falta de regulación que existía
para la adquisición de tierras en la zona, los primeros particulares se
apropian de extensas porciones de tierra en San Juan de la Costa, La Unión y
los llanos de Osorno. Francisco Cristóbal Kindermann y Juan Renous, inscriben a
su nombre prácticamente toda la zona cordillerana a través de los predios
Llesquehue y Cordillera de Río Blanco, los que deslindaban desde el río
Llesquehue por el norte hasta Hueyusca por el sur, por el este la cordillera y
por el oeste el océano Pacífico[35].
Los métodos fraudulentos utilizados en esta adquisición son rechazados por el
fisco, el que entabla un juicio contra los compradores que dura varios años y
que culmina con un fallo a favor de los últimos por parte de la Corte Suprema[36].
En 1863, al momento de inscribir el extenso espacio territorial ante el Conservador
de Bienes Raíces, se señala que adquirieron la propiedad con muchas otras
comprándola directamente de sus dueños originarios y antecesores por diversos
contratos, sin especificar sus nombres ni la fecha de compra.
Finalmente, con la llegada de los primeros colonos alemanes en 1850
estos se distribuyen en distintos sectores de la zona sur, la mayor parte de
ellos sin afectar directamente a tierras de ocupación indígena[37],
aunque existen algunos antecedentes que permiten suponer que la zona de
Llanquihue ocupada por colonos sí estaba habitada por indígenas. En Valdivia,
la colonización no se realiza en forma colectiva sino individualmente, y no
habría tenido un impacto directo sobre la población huilliche, ya que la mayor
parte de ella se ubicaba en el sector de Las Cruces y San José de la Mariquina,
las mismas donde se habría producido una importante baja de población. En ese
mismo período las tierras de la costa norte de Valdivia son declaradas fiscales
por Wilheim Frick en el “Informe sobre las tierras fiscales de Valdivias”, de
1850[38],
aunque existían antecedentes suficientes para afirmar que allí vivían
indígenas.
El caso más significativo es el de Osorno, dado que allí la delimitación
que establece el mencionado informe de Wilheim Frick sobre tierras fiscales con
fines de colonización, señala que las zonas del oeste y el sur de Osorno no
eran ni propiedad fiscal, ni propiedad particular, lo que permite suponer que
hasta ese entonces, esta parte del territorio huilliche era reconocida como
tierra indígena, lo cual explicaría que las tierras reconocidas con Título de
Comisario no fueran asignadas a colonización[39].
El impacto de la colonización sobre la sociedad huilliche, se evidencia
menos en la ocupación efectiva de tierras indígenas, no así en el papel que
jugaron los colonos en el desarrollo económico-productivo de la región y, por
consiguiente, en la evolución de la estructura de propiedad de la tierra. Tres
habrían sido los factores que a la larga, produjeron un menoscabo del
territorio indígena a partir de esta fecha[40]:
El desarrollo de la industria obligó a dar mayor cabida de tierras a la
producción agropecuaria, la escasez de tierras fiscales dejaba como única
propiedad disponible a las tierras indígenas.
La actividad económica de la colonia alemana contribuyó a valorizar las
tierras escasamente consideradas, con la excepción quizás de las zonas de
aptitud propiamente agrícola. El interés de compra de las tierras indígenas se
intensificó.
En el caso de Llanquihue, el crecimiento poblacional de la colonia
germana hizo necesario que los colonos adquirieran nuevos territorios, ya que
hacia 1870 o 1880 estaban todos ocupados.
De la misma manera, el proceso de colonización obligó al Estado a
defender la propiedad fiscal, por lo que se comienza a limitar y sujetar las
transacciones de tierras mapuches al cumplimiento de ciertas condiciones, con
ello se da comienzo a la legislación proteccionista de las tierras indígenas[41].
En 1855 en Valdivia y 1856 en Llanquihue se impone un decreto
gubernamental que deja atrás la situación que hasta entonces imperaba en la
zona, en un retorno al tipo de normativa que había imperado durante la colonia.
El Intendente o gobernador del Departamento respectivo debía intervenir en toda
transacción hecha sobre territorios indígenas con el fin de asegurar el libre
consentimiento en la venta y el pago de la suma convenida entre las partes[42].
A pesar del espíritu proteccionista que animó este decreto y otros que
le siguieron, esta legislación en la práctica no logra su objetivo de proteger
las tierras fiscales e indígenas, pues nunca se llegó a aplicar en la zona de
Valdivia, Los Llanos ni San Juan de la Costa. En 1873, sucede un caso que
ejemplifica la falta de cumplimiento a esta norma. Ese año, la Intendencia de Valdivia
le ordenó al gobernador de La Unión que “... hiciera presente al notario
público de esa ciudad, se abstuviera de extender escrituras de compraventa y
arrendamiento de terreno, y poderes para litigar, en que los otorgantes fueran
indígenas, por cuanto estos instrumentos debían extenderse ante el intendente
de la provincia en conformidad a lo dispuesto en los decretos supremos de 4 de
Diciembre de 1855 y 1856... ”[43].
El notario de La Unión, apeló a esta resolución, obteniendo el apoyo de
la Corte de Apelaciones de Concepción, del Fiscal de la Corte Suprema y, por
último, del Concejo de Estado, el que declaraba:
“Considerando que los departamentos de Valdivia y La Unión no son
territorios de colonización, se declara que los instrumentos públicos sobre
enajenación de terrenos existentes en aquellos departamentos no están sujetos a
las disposiciones expresadas relativas a territorio de colonización, y deben
autorizarse en forma ordinaria y común...”[44].
A partir de la década de 1870 se intensifica la compras de tierras
huilliches por particulares en toda la región. Paralelamente, se inaugura otro
proceso de conflictos entre los huilliches que poseen materialmente los predios
y los particulares que poseen títulos inscritos ante notarios. Estos últimos, mediante
una serie de maniobras, para las que contaron con la absoluta complicidad
notarial y la complacencia estatal, lograron apropiarse de las tierras
huilliches, al emborrachar a los propietarios indígenas y luego “sacarles la
firma” -al decir de sus descendientes-; fomentar pleitos entre huilliches a fin
de que estos les otorguen -a ellos o a sus “palos blancos”- amplios poderes
para que los representen judicialmente y finalmente hacerse de la tierra
indígena; comprar acciones y derechos sobre la tierra comunitaria a alguno(s)
indígena(s) para luego solicitar la “adjudicación” de la totalidad del predio;
realizar préstamos en dinero y establecer condiciones de pago inalcanzables
para las familias huilliches, para luego cobrarse a través del embargo o el remate
en caso de que la deuda no fuera saldada o no se cumpliera con las condiciones
de lo pactado; comprar a indígenas de otro sector derechos sobre una tierra que
no le pertenece, para luego inscribir dicha venta en la Notaría de turno.
El abogado de la Defensa Fiscal hablaba de una “fiebre” de compras a
indígenas antes de 1893. De las 1.001 escrituras otorgadas por indígenas, 700
fueron extendidas en esa época. Para 1907, de 638 “fundos” existentes en el
Departamento de La Unión, solo 41 eran indígenas [45].
Los datos recogidos por el abogado de la Defensa Fiscal de Colonización Agustín
Torrealba, en la primera mitad del siglo XX, sobre compraventas de fundos
rústicos en la notaría de Valdivia son concluyentes sobre cómo el proceso de
expoliación se aceleró en las últimas décadas del siglo XIX. Entre 1788 y 1869,
se traspasan 354 acciones y 19 fundos o hijuelas; en los nueve años siguientes,
es decir, entre 1870 y 1879, el traspaso de acciones se eleva a 4.879 y los
fundos e hijuelas a 172[4].
En la zona de San Juan de la Costa, Río Negro y Osorno se cuenta con
información más precisa sobre los fundos adquiridos. De norte a sur aparecen
entonces los siguientes predios “comprados” a indígenas por particulares[47]:
Huitrapulli: 1889, Ernesto Hille inscribe las acciones y derechos de
Santiago Colipan, Pedro Huaiquil y Manuel y María Millaquipay.
Aleucapi: 1890, Ernesto Hille inscribe acciones y derechos de María
Ringoy.
Trufun: 1889, Ernesto Hille inscribe acciones y derechos de Juana y
Ascensión Ancapan.
Cheuquemapu: 1891, Martín Ide inscribe acciones y derechos de Paula
Anchilaf y Antonio Aucapan.
Quihue: 1891, Dionisio Catalán inscribe acciones y derechos de Luis y
Andrea Aucapan.
Puquintrin: 1891, Ernesto Hille y Segundo Ide inscriben acciones y
derechos de Juan Andrés Huiniguir Ancahueno.
Pucatrihue, sector norte del río Choroy Traiguen: 1891, Martín Ide
inscribe acciones y derechos de Juan Angel Punuyao, Paula Anchilaf y Antonio
Aucapan.
Pucatrihue, sector sur del río Choroy Traiguen: 1879 y 1885, Guillermo
Wolff inscribe acciones y derechos de Francisco Rupailaf, José Rantul, Isidro y
Pilar Rupailaf, Victorino Buchalaf y Antonio Marileu.
Campanario: 1895, Ernesto Hille obtiene por remate por deuda hipotecaria
acciones y derechos de Manuela Marileu.
Pulamemo: 1889, Enrique Peters inscribe acciones y derechos de Eusebio,
Fermín, María y Pascuala Maricheu, Silverio Millaquipay y Raimundo Quidel, y en
1892 obtiene por remate acciones y derechos de Manuel y Petrona Maricheo.
Maicolpi: 1902, Néstor y Felizardo Asenjo inscriben acciones y derechos
en embargo de los bienes de Elvira Martínez viuda de Burgos. No obstante, en la
escritura no se menciona de quien obtuvo los derechos la embargada, ni el
título inscrito del que provienen los derechos.
Huellelhue y Millantúe: 1891, Segundo Castro inscribe acciones y
derechos de Severino Llancaman y Juan Andrés Quidel.
Cordillera de Río Blanco, hoy Millantúe y Cordillera Hinostroza: 1890,
los chilotes Valentín y Vicente Uribe, Mamerto Avila y Manuel Jesús Mancilla
inscriben acciones y derechos de Juan Loy.
Cordillera de Río Blanco, hoy Parte Norte y Sur de Manquemapu: 1890,
Kindermann vende a Ricardo Bustos parte del predio formado en 1847.
Cordillera de Pucopío: 1902, Jorge Hunneus y Emilio Follert inscriben
acciones y derechos de Sucesión de Juan Cañulef.
En al año 1893 el gobierno extiende a Valdivia, Llanquihue, Chiloé y
Magallanes, la prohibición total de compra de tierras indígenas inscritas y no
inscritas a los particulares, la misma que se había establecido para la
provincia de Arauco de 1883 y 1874. Para esa época sin embargo, la gran mayoría
de los predios ya se encontraban inscritos a nombre de particulares. Más aún,
al estar inscritos ante el Conservador de Bienes Raíces -desde su creación en
el año 1857 es la institución que le da el carácter de legalidad a un título de
dominio- su venta se encontraba perfeccionada, situación que se asentaba más
aún cuando después de la inscripción inicial se desarrolla una vorágine de
transferencias y traspasos de derechos entre los mismos particulares.
En importantes zonas de la región huilliche, lo que acontece hacia
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es una seguidilla de
transferencias de los latifundios y la posterior concentración de ellos en
pocas manos, todos influyentes personajes de la región.
Efectivamente en San Juan de la Costa, por ejemplo, luego de una serie
de transferencias entre los Ide, Hille, Follert, Hott, el abogado Juan Modesto
Ide Martínez logra obtener de familiares y relaciones, entre 1905 y 1907, un
total de 8 fundos colindantes entre sí: Huitrapulli, Aleucapi, Quihue,
Puquintrín, Trufun, Pucatrihue, Cheuquemapu y Campanario. Dichos predios los
venderá en 1910 a su hermano Eduardo Ide M., quien los conservará hasta la
década de 1960.
Las leyes que buscaban regular la propiedad de la tierra son de este
modo, insistentemente violadas. El Ministro de colonización, Federico Puga
Borne, decía en la Memoria del Ministerio correspondiente a 1908 que,
“Aunque sea penoso repetirlo, debemos dejar constancia de la serie de
abusos, constituidos ya en sistema, que emplean los espoliadores de la raza
indígena, especialmente en las provincias en que estos no han sido radicados
aún. (...) Estas leyes han sido burladas en casi todas partes. En el solo
departamento de Valdivia los indígenas han otorgado mas de 1000 escrituras de
venta de terrenos, i en el departamento de la Unión i Llanquihue sucede mas o
menos lo mismo...” [48].
Sin embargo, es necesario hacer una diferencia, ya que los títulos
originales se referían a “acciones y derechos” y luego son transferidos a
propiedad plena, nombrando al fundo, sus deslindes, el precio, pero en ningún
acápite se señala la sentencia judicial que adjudique el predio al vendedor,
paso insalvable para el que solo tiene acciones y derechos. Así, el dominio se
perfecciona, una vez más, sólo en el papel.
Debe tomarse en cuenta además, un elemento de crucial importancia para
entender la dinámica posterior de la historia del territorio huilliche y este
consiste en que si bien los particulares han inscrito los predios a su favor,
la ‘posesión material’ de los mismos continúa siendo huilliche.
Sobre la responsabilidad del Estado en el proceso de expoliación del
territorio indígena, el cacique Augusto Nahuelpán de Valdivia, expone:
“La responsabilidad del despojo de tierras es del Estado, aunque hayan
sido particulares. Hay distinto tipo de forma de despojo, alguien ve una
familia, que era de mala descendencia, se apropia de un pedacito de tierra y
después se toma todo...”[49].
La
Comisión Radicadora de Indígenas comienza a funcionar en la zona huilliche
hacia 1908 o 1909. Su presidente señalaba en esa época las dificultades con la
que se habían encontrado para el proceso, por el avanzado grado de ocupación de
la propiedad particular y la escasez de indígenas dueños de sus propias
tierras:
“La ley del 66 ordena radicar al indio en el lugar que ocupa con ánimo
de dueño, aquí no es dueño, es inquilino y reconoce esta situación por
escritura pública que lo han obligado a firmar...”[50].
El mismo funcionario explicaba que en La Unión no había sido posible
encontrar terrenos de indígena o fiscal, de modo que se hizo imposible la
radicación de “... los 5000 y tantos naturales que hoy quedan todavía...”[51].
Algunos indígenas, en tanto, se oponían a ser radicados, pues
consideraban que era un medio para reducirlos definitivamente en una porción de
tierra que no era la que por derecho les correspondía. El protector de
indígenas de Valdivia decía en 1908:
“Queremos
hablar de las protestas que se traen a esta oficina por indios que se
manifiestan abiertamente reacios a su radicación. Arguyen que les es más
favorable a sus intereses renunciar a su calidad de indígenas i ponerse al
amparo de las leyes comunes, por cuanto estas les permiten alegar la
prescripción como medio de adquirir grandes extensiones de tierras que han
poseído mas de treinta años.”
Finalmente,
y luego de todas estas dificultades, el proceso de reducción en Valdivia
resulta incompleto, dejando a muchos indígenas sin propiedad legal sobre sus
tierras. Las reducciones formada en esta provincia alcanzaron las 477, con una
superficie total de 70.852,32 hectáreas.
A modo de ejemplo, es posible señalar que en La Unión, sólo se
constituyen comunidades reduccionales en la localidad de Pilpilcahuin,
pertenecientes a la antigua delegación de Los Juncos -o Cuncos-, ubicadas todas
en un área muy homogénea y compartiendo la misma calidad de suelo. Las tierras
son entregadas a los siguientes comuneros:
Tabla Nº 24. Comunidades reduccionales en la Unión:
tierras asignadas y comuneros.
Nº
Tierras de Merced
|
Nombre
|
Fecha
|
Nº de Radicados
|
Hás
|
1.2619
|
Laendro
Coñaman
|
1914
|
7
|
19,90
|
2.2620
|
Secundino
Ancapi
|
1914
|
6
|
9,50
|
3.2621
|
Bernardo
Calfurrapa
|
1914
|
6
|
23,60
|
4.2622
|
Jerman
Ancapi
|
1914
|
3
|
17,60
|
5.2624
|
José
Manuel Loncochino
|
1914
|
9
|
12,50
|
6.2625
|
José
Manuel Huenchucona
|
1914
|
6
|
7,70
|
7.2637
|
Juan de
Dios Lepu
|
1914
|
10
|
25,00
|
8.2638
|
Pedro
Machiman
|
1914
|
3
|
65, 70
|
9.2652
|
Ventura
Linai
|
1914
|
2
|
83,70
|
10.2653
|
Otelo
Ancapi
|
1914
|
2
|
26,60
|
11.272
|
Manuela
Loncochino
|
1916
|
9
|
10,80
|
12.2733
|
Carmen
Silva de Vargas
|
1916
|
2
|
7,20
|
13.2743
|
José del
Carmen Nopai
|
1916
|
8
|
39,60
|
14.2744
|
Pedro
Huenchucona
|
1916
|
12
|
8,40
|
15.2745
|
Rosario
Loncochino
|
1916
|
8
|
23,00
|
16.2749
|
José
Miguel Loncochino
|
1916
|
8
|
23,20
|
17.2787
|
José
Maria Nopai
|
1917
|
11
|
13,00
|
18.2790
|
Juan
Antonio Nopai
|
1917
|
11
|
21,20
|
TOTAL
|
123
|
438,00
|
Tal como
en otros departamentos de la Provincia de Valdivia -Río Bueno-, las entregas
fueron hechas a familias que tenían lazos de parentesco entre ellas,
comprendiendo varios linajes -Loncochino, Ancapi, Huenchucona-. Pero al
tratarse de familias y no de grupos de parentesco más extensos, se produce una
desarticulación de la antigua comunidad, que se sustentaba en un patrimonio
administrado y heredado por cada uno de los linajes[52].
En la
zona de San Juan de la Costa, la Comisión Radicadora entregó el primer Título
de Merced en 1912, culminando su trabajo en 1922. La mayor parte de los Títulos
se otorgaron en el período comprendido entre 1915 y 1916, dando como resultado
la entrega de 33 mercedes, con 5.344,2 hectáreas de superficie total. El
trabajo de la Comisión fue parcial y restringido sólo al área Norte de San Juan
de la Costa.
De este
modo, a partir de la década de 1910 comenzó a consolidarse la pequeña propiedad
huilliche en San Juan de la Costa, Osorno y Río Negro, debido a dos procesos
simultáneos: el primero, de entrega de títulos individuales producto de
particiones de herencias y su inscripción en el registro de propiedades; el
segundo por la entrega de Títulos de Merced a algunas comunidades”[53].
A partir
de la década de 1930 se inicia el proceso de subdivisión de las comunidades,
bajo la llamada Ley de Propiedad Austral. Muchos indígenas solicitaron el
reconocimiento de sus propiedades en virtud de esta ley y en algunos casos -no
se cuenta con la información para saber la cantidad exacta- fue reconocida. El
proceso no consistió en el otorgamiento a los indígenas de propiedades
fiscales, sino que se les reconoció una parte de sus antiguas posesiones[54].
Las
tierras de la Cordillera de la Costa de Osorno se incorporan bajo esta misma
Ley al proceso de Revalidación de Títulos (RVT) ante el Fisco, decretos
dictados en 1928 y 1931. Para ello era requisito tener título de dominio
vigente e inscrito ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo y la
posesión material del predio.
Lo
anterior significó que los particulares tuviesen que recurrir a nuevas argucias
legales para asegurar la propiedad de los predios en discordia, tales como la
posesión material continua en manos mapuches-huilliches en que los particulares
presentan a sus ocupantes ancestrales como “inquilinos y trabajadores del
fundo”. Del mismo modo, el articulado de la Ley de Propiedad Austral establecía
que los derechos que conferidos no sólo podían ser ejecutados por quienes
tuviesen títulos exclusivos de dominio, sino también por un comunero que
contara con una cuota determinada o acciones y derechos sobre un inmueble con
deslindes determinados. De manera tal que surgía la posibilidad de que algunos
mapuche-huilliche, reclamaran sus derechos emanados del Título de Comisario ya
que sólo se habían cedido algunas acciones y derechos -lo que los hacía al
menos copropietarios de los predios- pero no lo hicieron, ya sea por
desconocimiento del proceso legal, lejanía, no tener como acreditar sus
demandas, haber sido ya expulsados o, por último, por no reconocerle validez a
la Ley de Propiedad Austral, dado que no hacía justicia a sus demandas.
Nuevamente
está el caso de San Juan de la Costa, zona en la cual el Fisco reconoció como
válidos los Títulos de Dominio presentados por particulares por los predios
Trinidad (1930), Cordillera de Pucopío (1930), Monteverde (1931), Pucatrihue
(1939), Maicolpi 1 (1937), Maicolpi 2 (1838), Maicolpi 3 (1944), Hueyelhue
(1939), Cordillera de Río Blanco (1943), Cordillera Hinostroza (1956) y
Aleucapi (1970). Se denegó, en cambio, la propiedad y pasaron a ser fiscales
los predios Quihue, Trufum, Cheuquemapu, Puquintrin, Pucatrihue y Campanario
(1970), de propiedad de Rodolfo Blanco -sucesor de los Ide- y el fundo
Huitrapulli (1970), de Germán Mollenhauer.
En
síntesis, la propiedad le fue reconocida a los particulares o bien pasó a manos
fiscales, produciéndose con ello otro efecto jurídico, ya que los Títulos de
Comisario -al no ser presentados para su revalidación- dejaron de tener valor
jurídico, no obstante que todos los títulos presentados por particulares
derivaban sus derechos de dichos grandes títulos indígenas.
En la
zona de Valdivia, se desconoce la cantidad total de tierras otorgada a los
huilliches por la Ley de Propiedad Austral -Nº 1600 de marzo de 1931-. Según
antecedentes encontrados en el ex Dasin de Temuco[55],
figuran 58 títulos otorgados en La Unión, por un total de 848 has y en Río
Bueno figuran 26 títulos otorgados por un total de 1055 hectáreas. Por otra
parte, en un informe del año 1945 de la Dirección General de Tierras y
Colonización se señalan decenas expedientes de solicitantes a la radicación,
algunos de los cuales se exponen a continuación:
TABLA Nº
25. Expedientes de solicitantes a la Radicación. La Unión.
LA UNIÓN
|
||
Nº del Exp.
|
Solicitante
|
Lugar
|
1375
|
Pedro
Millamán
|
Mucún
|
1376
|
Manuel
Quilempán
|
Cancún
|
1383
|
Félix
Huenulaf
|
Currimahuida
|
1565
|
Feliciano
Camán
|
Cuncos
|
1569
|
Juan A.
Catricheo
|
Huilinco
|
1608
|
Encarnación
Catricheo
|
Mechamo
|
1619
|
Pedro
Huanulef
|
Cuncos
|
1620
|
Taurio
Huenumilla
|
Chalhualelfu
|
1635
|
Dominga
Lepillanca
|
Huillacaigue
|
1667
|
María
Neihual
|
Quiloco
|
1706
|
Juan
Francisco Naipallán
|
Cuncos
|
1755
|
Dionisio
Trapian
|
Riñinahue
|
1768
|
Pabla
Cheuquean
|
Cuncos
|
1806
|
Margarita
Currihual
|
Cuncos
|
2057
|
Fernando
Naiyapán
|
Cuncos
|
2080
|
José
Cheuquemán
|
Coihueco
|
3014
|
Pabla
Quilempán
|
Filuco
|
3271
|
Ángela
Currihual
|
Quisquilelfu
|
4196
|
Francisca
Huentecura
|
Cuncos
|
4281
|
María
Flora Antillanca
|
Cuncos
|
4386
|
Eliseo
Marrilanca
|
Quilanco
|
4470
|
Manuel
Huilmaqui
|
Pufito
|
4473
|
Matilde
Imilmaqui
|
Paillaco
|
4560
|
Juan
Cheuquellán
|
Paillaco
|
4804
|
Felizardo
Camán
|
Mucún
|
4805
|
Pascual
Camán
|
Mucún
|
4806
|
Fabriciano
Camán
|
Mucún
|
4807
|
Nicolás
Camán
|
Mucún
|
4809
|
Erasmo
Camán
|
Mucún
|
4809
|
Isabel
Camán
|
Mucún
|
4810
|
Gavino
Camán H
|
Mucún
|
4811
|
Pedro
Camán H.
|
Mucún
|
4812
|
Juan
Camán H.
|
Mucún
|
4813
|
Pedro
Camán H.
|
Mucún
|
4814
|
Tránsito
Calfullao
|
Mucún
|
4815
|
José
Miguel Cheuquian
|
Mucún
|
4816
|
Dolores
Huenulef Camán
|
Mucún
|
4817
|
Nicolás
Camán
|
Mucún
|
5081
|
Vicente
Quinillao
|
Coshueshue
|
TABLA Nº
26. Expedientes de solicitantes a la Radicación. Río Bueno.
RÍO BUENO
|
||
1566
|
Rosario
Calfugal
|
Río Bueno
|
1596
|
Pascual
Ancacura
|
Tringlo
|
1623
|
Ignacio
Huaiquilef
|
Runeco
|
1624
|
Antonio
Hauquilef
|
Runeco
|
2385
|
Juan de
D. Huifil
|
Ollalmape
|
2644
|
Manuel
Quilempán
|
Cuncún
|
2645
|
Avelina
Quilempán
|
Cuncún
|
2646
|
Bartolo
Torres
|
Cuncún
|
2647
|
Albino
Teruga Pichumi
|
Cuncún
|
2648
|
Felipe
Quilempán
|
Cuncún
|
2649
|
Vicente
Quilempán
|
Cuncún
|
3003
|
María
Quinchel
|
Llui-Lluico
|
3383
|
Juan
Aguilera Trehue
|
Illahuapi
|
3418
|
María
Llaitul
|
Pulotres
|
3513
|
José A.
Cumillanca
|
Monte Verde
|
3514
|
Francisca
Pichicoy
|
Monte Verde
|
3519
|
José A.
Huenchullanca
|
Monte Verde
|
3651
|
Antonio
Peréz Quilempán
|
Cuncún
|
3652
|
Rosario
Quilempán
|
Cuncún
|
4131
|
José M.
Antigual
|
Río Bueno
|
4132
|
Eugenio
Ancacura
|
Río Bueno
|
4133
|
Margarita
Calfulef
|
Río Bueno
|
4134
|
Juan
Calfulef
|
Río Bueno
|
4135
|
Pascual
Colihuinca
|
Río Bueno
|
4136
|
Manuel
Calfueque
|
Río Bueno
|
4137
|
Joaquín Calfulef
|
Río Bueno
|
4137
|
Rosario Calfulef
|
Río Bueno
|
4139
|
Margarita Cayilef
|
Río Bueno
|
4140
|
Francisca Calfulef
|
Río Bueno
|
4141
|
Margarita Jaramillo
|
Río Bueno
|
4142
|
José A. Legaray
|
Río Bueno
|
4143
|
Domingo Neihual
|
Río Bueno
|
4144
|
María Huenchupán
|
Río Bueno
|
4145
|
Juan D. Huaquelef
|
Río Bueno
|
4146
|
Tránsito Huinquel
|
Río Bueno
|
4147
|
Andrea Paidril
|
Río Bueno
|
4148
|
Francisca Pefian
|
Río Bueno
|
4282
|
Antonia Cheuquian
|
Llancacura
|
4404
|
Felipe Ñancucheo
|
Reñinohue
|
4527
|
Gumercindo Chocano
|
Futrono
|
Se
desconoce la cantidad de tierras que perdieron los indígenas con el proceso de
radicación, al no reconocérseles sus Títulos de Comisario, tampoco existe
información respecto a cuántas de sus solicitudes fueron escuchadas. Lo cierto
es que desde 1930 en adelante una parte de los mapuche-huilliches no incluidos
en el sistema reduccional logran la radicación[56]
y la constitución legal de la propiedad, es decir, el reconocimiento sobre
parte de sus tierras ancestrales, aun cuando esto no significó que se
solucionaran en forma definitiva otros numerosos casos[57].
Entre 1931
y 1971 los indígenas pierden parte importante de las tierras que le habían sido
otorgadas por los Títulos de Merced. En la zona mapuche-huilliche la remensura,
a diferencia de los que ocurre más al norte, perjudica a los indígenas. En
Valdivia, son remensuradas 87 de las 477 reservas que equivalen a 7,773
hectáreas; luego de la remensura estas se reducen a 6.270,01, lo que implica
que existen 1.503 hectáreas que cesan de ser reconocidas como indígenas. En
Osorno, donde la cantidad de reducciones subdivididas era mucho menor -sólo
nueve- los indígenas reducen su superficie reconocida de 298,10 hectáreas a
280,10 hectáreas[58].
Por otro
lado, mediante fallos judiciales, ventas fraudulentas, expropiaciones y otros,
un determinado número de reducciones pasó a manos de extraños dejando de
pertenecer a sus originales y legítimos propietarios[59].
En Valdivia, 37 reservas pasan a manos de particulares no indígenas, las cuales
equivalen a 2.708,51 hectáreas. En Osorno, son dos las reservas apropiadas por
no indígenas, que equivalen a 132,80 hectáreas[60].
A la
reducción efectiva de tierras, se sumaban otros factores que reflejaban la
falta de apoyo a las demandas indígenas por parte de la autoridad. Entre ellos
se encuentran los fallos judiciales adversos por parte de los Juzgados de
Indios, los que no cumplieron con su rol de defensa de las tierras indígenas
frente al abuso de los particulares. Muy por el contrario, existía una cláusula
según la cual la tierra que debía ser devuelta a los indígenas, podía ser
expropiada a favor de terceros, lo cual permitía que, incluso en casos de fallo
favorable a las demandas indígenas, las tierras terminaran en manos de
particulares.
Por
último, otro factor de gran relevancia en el deterioro de las condiciones de
vida de los indígenas, es el aumento de población frente a la disminución de
tierras reduccionales. En la provincia de Valdivia había un promedio de 9,99
hectáreas por persona en 1930[61],
calculándose que esta cantidad disminuyó a 2,0 hectáreas por habitante en 1963,
lo que equivale a la reducción a menos de un cuarto del total original. Sin
considerar el agravante del proceso de agotamiento y deterioro que las tierras
han sufrido durante este período[62].
A partir
de la década de 1930, en un proceso paralelo al reconocimiento de la propiedad
particular por parte del Estado chileno, las comunidades y organizaciones
mapuche-huilliche comenzaron a asumir una postura más activa frente a lo que
consideraban la usurpación de sus tierras y derechos. Los caciques y
comunidades mapuche-huilliche negarán validez a la legislación aplicada y se plantearán
como imperativo la recuperación de los antiguos territorios. Paralelamente, se
fortalece la organización de los cacicazgos, creándose Sociedades,
Corporaciones y Asociaciones Indígenas.
En este
contexto aparece un documento de vital importancia, el que resume gran parte de
los anhelos y demandas de las comunidades mapuche-huilliche. El documento en
cuestión es el “Memorial de Proyecto de Ley”, en el que participan caciques
huilliches desde Valdivia, Osorno y Chiloé, y que es enviado en el año 1936 al
Presidente de la República, don Arturo Alessandri Palma.
En dicho
documento se expone lo siguiente:
“Basándonos
en nuestros derechos que datan de tiempos inmemoriales, en efecto por mas de
miles de años de arranque que nuestra tierra es propia y por más de doscientos
años que hemos usufructuado en posesión pacífica de nuestros abolengos después
de las guerras sostenidas con los españoles en distintas tribus, hoy
Excelentísimos Señor Presidente nos encontramos privados de nuestras tierras
por elementos extranjeros, principalmente alemanes y criollos que no tienen
derecho ni parte en las herencias de los indios mapuches y descendientes, como
lo pasamos a probar con nuestros documentos públicos y notorios en el cuerpo de
este Memorial; por cuyas razones tan justificadas, venimos a solicitar de
Valdivia al sur que se retiren definitivamente de nuestra provincia de
Butahuillimapu las leyes de Radicaciones, Colonización y Propiedad Austral
porque perjudican nuestros derechos, no hacen justicia, en que al contrario
violan nuestras leyes...”[63].
El
documento del memorial manifestaba además la necesidad de respetar el Tratado
de Paz de 1793 y los Títulos de Comisarios, además de una serie de demandas de
carácter económico, territorial y cultural. Si bien el Documento en cuestión no
tuvo por parte de las autoridades regionales y nacionales la acogida esperada,
con él comienza a variar el rumbo de la relación entre las comunidades
mapuche-huilliche y las tierras perdidas, esto porque a través de aquel se
sentaban bases sólidas para un activo proceso de organización durante los años
siguientes.
Paralelamente,
las autoridades tradicionales mapuche-huilliche se van integrando al trabajo de
otras organizaciones de carácter nacional, a las que se irán sumando las
demandas de sus comunidades. Es el caso de la “Sociedad Caupolicán Defensora de
la Araucanía”, creada en la ciudad de Temuco en el año 1910 y que adquiere
presencia y notoriedad en la zona producto de la denominada “Matanza de
Forrahue”, ocurrida en 1912, al apoyar una delegación de dirigentes
mapuche-huilliche que se traslada a Santiago en 1914 a denunciar la usurpación
de sus tierras. Luego, en 1934, la “Corporación Araucana” trabaja con la
comunidad mapuche-huilliche La Catrihuala, y posteriormente, en el año 1939,
representantes mapuche-huilliche se integran al Frente Único Araucano.
A partir
de la década de 1950, las comunidades deciden explotar forestalmente los
predios y ampliar hacia ellos sus dominios, comenzando una etapa crucial de
disputas con los particulares. Paralelamente, a partir de 1960 familias
mapuche-huilliche ocupan y demandan tierras, en base a los derechos que emanaban
del Título de Comisario.
Emblemática
es, en este sentido, la comunidad mapuche-huilliche La Catrihuala, la que en
esos años comienza a ocupar y explotar los alerzales del fundo Cordillera de
Hinostroza, llamada entonces “Cordillera Alzada”. Luego de múltiples refriegas
con los empleados y propietarios de Hacienda Cameros, la sociedad dueña de los
predios Cordillera de Hinostroza y Hueyelhue, hacia el año 1959 se expande
hacia Hueyelhue, recuperando alrededor de 21.000 hectáreas de lo que fuera el
antiguo título de la Posesión Yaitul.
Paralelamente,
y principalmente a partir de 1960, familias mapuche-huilliche ocupan y
demandan, en base a los derechos que emanaban del Título Comisario de los
Neguipan, el fundo Huitrapulli, el que había sido posesión inscrita de los Ide
y ahora lo era de Germán Mollenhauer. Del mismo modo, los Jaramillo Imilmaqui
accedían al fundo Trinidad, el que formaba parte del antiguo fundo “Pucopio”,
nombrado como tal en el Título de Comisarios de Imil, Hueñaca y Huentequeo.
Igual situación se repetía en los otros fundos de La Costa, en los que la
posesión material se mantenía en manos mapuche-huilliche.
Recién en
la década del setenta, con la Reforma Agraria llevada a cabo por el Presidente
Allende, se percibe en la zona que por primera vez el Estado se hace cargo del
problema de tierras que los afecta. Las demandas y expectativas acumuladas
inciden en el aumento explosivo de tomas de terreno, especialmente en la zona
de Valdivia, Panguipulli y Río Bueno. Entre 1967 y 1971 se calcula que el
número de tomas de terreno solo en la provincia de Valdivia habría ascendido a
193. Se trataba de ocupaciones ilegales no violentas, sobre tierras que los
indígenas reclamaban como de su propiedad. Entre 1970 y 1971, los
mapuche-huilliche se apropian de los siguientes fundos[64]:
24/12/1970:
Fundo Trafún, Liquiñe, 150 hectáreas. Sesenta miembros de la comunidad Lorenzo
Carimán ocupan el fundo y reclama que dichos terrenos le habían sido
arrebatados 40 años antes por la sucesión Kunstmann.
16/01/
1971: Fundo Añiques, Coñaripe, 617 hectáreas, propiedad de Isabel Corbella.
Diecisiete mapuches ocupan los terrenos por reivindicación territorial y “...
por encontrarse impagos de salarios, asignaciones familiares e
imposiciones...”.
3/02/1971:
Fundo Chauquén, Panguipulli, 189 hectáreas. Propiedad de Gilberto Monje. Ocho
indígenas realizan la ocupación, reclamando por juicio pendiente en el Juzgado
de Indios de Pitrufquén, acerca de la propiedad del mismo.
27/ 02/
1971: Hijuela San Mateo, Panguipulli, 189 hectáreas, de propiedad de Sergio
Ramirez. Doce indígenas dieron como justificación la recuperación de tierras.
24/10/1971.
Fundo Rime, Dollinco, San José de la Mariquina, 251 hectáreas. Propiedad de
Juan Kunnslemann. Es ocupado por veinte indígenas que aducen “... la
pertenencia de dichas tierras a sus antepasados...”.
15/09/1971.
Fundo Dollinco, San José de la Mariquina, 900 hectáreas de la Sucesión Manns.
Fue ocupado por diversos grupos en períodos distintos, quienes aducen como
causa de la acción, “... el abandono en que se encuentran estas tierras... ”.
25/11/1971
Fundo Malchehue, Panguipulli, 300 hectáreas, propiedad de Gilberto y Leno
Monje. Es ocupado por 36 indígenas de la comunidad Dionisio Manquel. Se aduce
la propiedad indígena sobre las tierras y el usufructo ilegal de estas.
Como
consecuencia de la presión al gobierno para que cumpliera sus promesas de
restituir las tierras a los indígenas, el proceso de expropiación se acelera en
toda la zona mapuche-huilliche. En la provincia de Valdivia, la suma total de
tierras que pasaron a los mapuche-huilliche a través del proceso de Reforma
Agraria en la década de 1970, fue de 5.394,10 hectáreas. Este proceso tuvo un
claro efecto, en la redistribución de tierras a su favor. Su importancia es
todavía más considerable, si se toma en cuenta que la cantidad de tierras
entregada a los mapuche-huilliche de La Unión y Río Bueno fue casi el doble de
la reconocida durante el proceso de radicación. 2.249.80 hectáreas v/s 5.394.10
hectáreas[65].
En el
sector de San Juan de la Costa, son expropiados los fundos La Barra, Trinidad,
Cordillera de Río Blanco, entre otros de la región, todos de antigua ocupación
mapuche-huilliche. En la misma zona y específicamente el 6 de agosto de 1970,
el Fisco no dio lugar a la revalidación de títulos en favor de Rodolfo Blanco,
gran latifundista de la zona y sucesor de los Ide, sobre los fundos Quihue,
Puquintrin, Trufun, Cheuquemapu y Pucatrihue, como ya lo había hecho en mayo
del mismo año respecto del fundo Huitrapulli, negando la revalidación del
título a Germán Mollehauer. En todos los casos la sentencia señalaba que si
bien los particulares tenían título inscrito, en ninguno de ellos tenían la
posesión material, la que coincidentemente, estaba radicada en manos
mapuche-huilliche.
Si bien a
principios de la década del 1970, es sustraído del dominio particular parte
importante del territorio mapuche-huilliche, el dominio legal en muchos casos
no llega a las comunidades. Es el caso de los fundos expropiados en toda la
zona de San Juan de la Costa, los que pasan a manos de la Corporación de
Reforma Agraria (CORA). En el caso de los predios a los que no se les revalidó
el título de dominio, este pasó a manos del Fisco[66].
Distinta es la realidad en Valdivia, donde ya a comienzos de 1971, existían 15
comunidades a las que se les había entregado la propiedad legal sobre tierras
expropiadas[67].
Independiente del destino que hayan sufrido estas tierras, la posesión
material se mantuvo entre las familias mapuche-huilliche.
Después
del golpe de Estado de septiembre de 1973, fue paralizado el proceso de Reforma
Agraria, las organizaciones campesinas e indígenas fueron fuertemente
reprimidas y debilitadas, sus dirigentes detenidos o incluso asesinados. En
Valdivia, 17 mapuches perdieron la vida, en su mayor parte trabajadores y
empleados del Complejo Maderero Panguipulli. Esta situación creó un nuevo
contexto de relación entre los pueblos indígenas y el Estado, que permitió un
cambio de política radical respecto a la propiedad indígena.
A partir
de entonces fueron detenidas las expropiaciones de fundos, y muchas de las
tierras expropiadas y recuperadas por los mapuche-huilliche retornan a sus
antiguos dueños, mientras otro volumen importante se mantiene en manos del
Fisco.
En San
Juan de la Costa, aquellos fundos que habían sido expropiados por CORA, son
objeto de revocación del Acuerdo Expropiatorio y retornan al dominio de los
particulares o bien a empresas y sociedades, especialmente aquellos predios que
pasaron de la CORA a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y que luego esta
los adjudicó en remate a particulares. Es el caso de los predios Trinidad, que
fue rematado en 1983, del predio La Barra, el que fue transferido al Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), para que luego este lo adjudicara a Meer Hait
Galaburda, en el año 1982; del predio Parte Norte de Cordillera de Río Blanco,
que de la CORA pasó a la Oficina de Normalización Agraria (ODENA), la que lo
licitó en el año 1979; de los fundos Cordillera Hinostroza y Hueyelhue, cuya
expropiación fue revocada en el año 1977.
Aquellos
fundos que habían pasado a manos del Fisco, al no ser revalidado su dominio por
propietarios particulares durante la aplicación de la Ley de Propiedad Austral,
fueron inscritos en el año 1976 a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales,
no obstante estar habitados en su totalidad por familias mapuche-huilliche. Es
el caso de los fundos Huitrapulli, Trufun, Cheuquemapu, Quihue, Puquintrin,
Pucatrihue, Campanario, Pulamemo, Quemeumo, Llesquehue.
En marzo
de 1979, el Gobierno promulgó el Decreto Ley 2568, el cual establecía
mecanismos definidos, con amplios recursos del Estado, para la división de las
reservas indígenas y la asignación de hijuelas resultantes a propietarios
individuales. El proceso de subdivisión llevado a cabo desde 1979, viene a
legitimar en forma definitiva a los propietarios particulares que habían
expropiado las tierras mapuche-huilliche, tanto las reduccionales, como las
tierras de uso ancestral que no habían sido reconocidas como tales.
En
Valdivia, entre 1979 y 1986 habrían sido divididas 305 de las 477 reservas
formadas en la radicación, las cuales se transformaron en 4.848 hijuelas
individuales o familiares. En Osorno en tanto, de las cuarenta comunidades
originales entregadas por los Títulos de Merced, 28 entran en proceso de
subdivisión y se transforman en 430 hijuelas individuales[68].
En ocho años se logra dividir un número cinco veces mayor al alcanzado entre
1931 y 1971[69].
Hacia 1986 sólo 48 comunidades de Valdivia y una de Osorno se encontraban
indivisas y con Título de Merced.
En la
década de los ochenta, los mapuche-huilliche entraron en un proceso de
reorganización, basado en la revitalización de la estructura tradicional, el
cacicazgo, bajo el alero del Obispado de Osorno y encabezados por jóvenes
provenientes de las comunidades de San Juan de la Costa. Luego de tres años se
logra reconstituir la junta de Caciques de la Butahuillimapu, y ya en el año
1983, la Junta General de Caciques, realizó sus primeros congresos regionales
en la Butahuillimapu. En el memorial de 1983 se planteaban los problemas,
sociales, económicos y culturales de los mapuche-huilliche, y los caciques
señalaban abiertamente la necesidad de un reconocimiento especial a su
investidura de autoridades[70].
Si bien
la Junta de Caciques del Butahuillimapu que extiende su influencia desde Valdivia
a Chiloé, mantuvo en el inicio una línea distinta a las organizaciones de la
Araucanía, caracterizada por una actitud menos confrontacional con el régimen
militar, los dos sectores, hacia el final de los ochenta acercan sus
posiciones. Esto permite que en el acuerdo de Nueva Imperial de 1989, las
organizaciones mapuche-huilliche junto con todo el Pueblo Mapuche, de origen
rural y urbano, acudan bajo una sola representación, la del Concejo Nacional de
Pueblo Indígenas.
[1] Latcham, Ricardo. “Los indios de la cordillera y
de las pampas en el siglo XVI”. Revista Chilena de Historia y Geografía, Tomo
LXIV, Nº 68. 1930. Citado en Alcaman, Eugenio. “La sociedad mapuche-huilliche
del futahuillimapu septentrional. 1750-1792”. Boletín del Museo Histórico
Municipal de Osorno Nº 1, pp. 64-90. 1994. p. 64.
[2] Rupailaf, Raúl y Raúl Molina. “El Territorio Mapuche-Huilliche, la historia de un despojo”. Documento realizado en el marco de un proyecto de capacitación jurídica a monitores huilliches, de la ONG Huilliche Mundo Kusovkien, 1989. p. 4. El término “Huilliche Huichan Mapu” se obtiene del libro Memorias de un cacique Mapuche. Pascual Coña. En este texto el cacique identifica cinco “Huichan mapu”: Lafken wichan mapu, o gran territorio de la costa; lelfün huichan mapu, o gran territorio de las llanuras o valle central; Inapire huichan mapu, o gran territorio colindante con la nieve o faldas de la cordillera; Pire huichan mapa, o gran territorio de la nieve o cordilleras altas y Huilliche huichan mapu, o gran territorio del sur.
[3] Otros autores, como Fray Miguel Ascabusi hablan de un territorio huilliche que se extiende desde las tierras del río Bueno hasta el seno de Reloncaví. (Ascabusi: “Informe cronológico de las misiones del reino de Chile, hasta 1789”. En: Claudio Gay. Documentos. Tomo I. París. 1846. [1789]. Citado en Alcamán, Eugenio. “La sociedad mapuche-huilliche del futahuillimapu septentrional. 1750-1792...”. Op. cit. p. 64).
[2] Rupailaf, Raúl y Raúl Molina. “El Territorio Mapuche-Huilliche, la historia de un despojo”. Documento realizado en el marco de un proyecto de capacitación jurídica a monitores huilliches, de la ONG Huilliche Mundo Kusovkien, 1989. p. 4. El término “Huilliche Huichan Mapu” se obtiene del libro Memorias de un cacique Mapuche. Pascual Coña. En este texto el cacique identifica cinco “Huichan mapu”: Lafken wichan mapu, o gran territorio de la costa; lelfün huichan mapu, o gran territorio de las llanuras o valle central; Inapire huichan mapu, o gran territorio colindante con la nieve o faldas de la cordillera; Pire huichan mapa, o gran territorio de la nieve o cordilleras altas y Huilliche huichan mapu, o gran territorio del sur.
[3] Otros autores, como Fray Miguel Ascabusi hablan de un territorio huilliche que se extiende desde las tierras del río Bueno hasta el seno de Reloncaví. (Ascabusi: “Informe cronológico de las misiones del reino de Chile, hasta 1789”. En: Claudio Gay. Documentos. Tomo I. París. 1846. [1789]. Citado en Alcamán, Eugenio. “La sociedad mapuche-huilliche del futahuillimapu septentrional. 1750-1792...”. Op. cit. p. 64).
[6] Ibíd. y Quiroz, Daniel. “El repartimiento de Cunco
y los Cuncos en el siglo XVII”, Boletín Municipal de Osorno Nº 1, pp.110-112.
P. 111,1995.
[7] Latcham, Ricardo. “Los indios de la cordillera... “ Op. cit.: 75.
[7] Latcham, Ricardo. “Los indios de la cordillera... “ Op. cit.: 75.
[8] Diario de Campaña del Capitán Tomás de Figueroa.
En: Alcamán. Eugenio. “La sociedad mapuche-huilliche...” Op. cit.: 75.
[10] León, Leonardo. “La alianza Puelche-Huilliche y
las fortificaciones indígenas de Liben, Rinihue y Villarrica, 1552-1583”. Boletín
del Museo Histórico municipal, Nº 1, pp. 113-151. 1994. p. 114.
[11] Diario de Solicitud del Descubrimiento de los
Nuevos Españoles de Osorno, por don Salvador de Arapil en el año de 1785 y dio
en el pasado de 70 a don Mateo Malo de Molina, alférez de fragata de la Real
Armada, quien lo remite desde la Habana a don Manuel José de Orejuela en 30 de
Marzo del presente de 1777. Archivo Nacional, Fondo Varios, Vol 55, f, 423.
Citado en: Alcaman, Eugenio, “La sociedad mapuche-huilliche... Op. cit.: 77.
[13] Carta del gobernador de Chiloé Narciso de Santa
María al gobernador de Chile, Chacao, 20 de Noviembre de 1758. “Expediente
sobre la apertura del camino de Osorno y Río Bueno para mantener libre la
comunicación de Chiloé con Valdivia año de 1763”, Archivo Nacional. Capitanía
General, Vol. 694., f. 69v. Citado en: Alcaman, Eugenio. “La sociedad
mapuche-huilliche...” Op. cit.: 68.
[14] Vergara, Jorge, Aldo Mascareño y Rolf Foerster.
“Las Tierras Huilliches de Valdivia”. CONADI. Santiago. 1996. p. 20.
[15] Gay, Claudio. “Historia Física y Política de
Chile”. Documentos. Tomo I. Paris. 1846. Citado en: Alcaman Eugenio. “La
sociedad mapuche-huilliche...” Op. cit.: 70.
[20] Alcamán, Eugenio. “La expansión colonial española,
desde Valdivia y la rebelión huilliche de los Llanos y Ranco 1647-1793”. Boletín
Nº 1. Museo Histórico Municipal de Osorno. Osorno. 1994. p.14.
[21] Juan Mackenna [1804]: “Sucinta descripción
geográfica, civil e histórica de la ciudad o jurisdicción de Osorno”.
Biblioteca Nacional, Mss. Medina, Vol. 329, f. 510. Citado en: Alcamán,
Eugenio. “Sujeción y ciudadanía mapuche-williche. La integración diferenciada y
la asimilación forzada”. Ponencia presentada en el Seminario Internacional
“Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Tendencias Internacionales y Realidad
Local”, organizado por el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de
La Frontera, en Temuco, 20-22 de julio de 2003.
[22] Urbina, Rodolfo. “Chiloé y la ocupación de los
llanos de Osorno durante el siglo XVIII”. Boletín de la Academia Chilena de la
Historia N° 98, Año LIV. Santiago. 1987. Citado en: Molina, Raúl y Martín
Correa. “Las tierras huilliches de San Juan de la Costa. CONADI. Santiago.
1998. p.26.
[26] Molina, Raúl. “Territorio mapuche-huilliche de
Osorno y legislación: la historia de un despojo”. Centro El Canelo de Nos.
Santiago. 1990. En: Vergara, Jorge. “Los procesos de ocupación del territorio
huilliche, 1750-1930. Tesis conducente al grado de Magíster en Sociología.
Universidad Católica de Chile. Santiago. 1993. p. 77.
[35] Correa, Martín y Raúl Molina. “Las tierras
huilliches...” Op. cit.: 33. Vergara, Jorge, et. al. “Las Tierras
Huilliches...” Op. cit.: 277.
[39] Frick, Guillermo. “Observaciones sobre la
provincia de Valdivia, relativas al asunto de la colonización chilena en esos
lugares. Anales de la Universidad Vol. 7. Santiago. 1850. Citado en: Vergara,
Jorge. “Los procesos de ocupación...” Op. cit.: 83.
[42] Jara, Álvaro. Legislación indigenista en Chile. Instituto
Indigenista Interamericano. México. 1956. p.34. Citado en: Vergara, Jorge. La
frontera étnica del Leviatán. El Estado y los mapuche-Huilliches (Chile, siglos
XVIII y XIX). Tesis para optar al grado de Doctor en Sociología. Universidad
Libre de Berlín. Berlín. 1998.
[45] Torrealba Z. Agustín. “Tierras del Estado i
radicación de indígenas”. Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona.
Santiago. 1908. Citado en: Vergara, Jorge, et. al. “Las Tierras Huilliches de
Valdivia...” Op. cit.: 294.
46
Ibídem.
[50] Torrealba Z., Agustín. “Tierras fiscales y de
indígenas. Su legislación y jurisprudencia”. Imprenta Universitaria. I y II
Tomos. Santiago. 1917. Citado en: Molina, Raúl y Martín Correa. “Las tierras
huilliches...” Op. cit.: 303.
[58] González C., Héctor. “Propiedad comunitaria o
individual, las leyes indígenas y el pueblo Mapuche”. Revista Nütram Nº 3, año
II, pp. 7-13. Santiago. 1986.
[63] Memorial y Documentos. Caciques Generales.
Imprenta El Imparcial. Santiago, 1936. Citado en: Molina, Raúl y Martín Correa.
“Las tierras huilliches...” Op. cit.: 86.
[68] González C., Héctor. “Propiedad comunitaria...”
Op. cit.: 10.
[69] Vergara, Jorge, et. al. “Las Tierras Huilliches...” Op. cit.: 87.
[69] Vergara, Jorge, et. al. “Las Tierras Huilliches...” Op. cit.: 87.
[70] Rupailaf, Raúl. “Las organizaciones mapuches y las
políticas indigenistas del Estado chileno (1970-2000)”. Revista de la Academia Nº
7, pp. 59-103. Editor Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Santiago.
2002. Citando el Memorial de la Junta de Caciques del Butahuillimapu de 1983,
punto 2.4.
La Historia oficial de Chile, aquella hecha de héroes y sucesos memorables
que se enseñan en los colegios y universidades, la que conmemora efemérides y
nombres ilustres, está construida sobre olvidos y negaciones premeditadas. Es
un espacio mítico donde no tienen cabida las matanzas obreras ni el despojo de
tierras y matanzas de los pueblos originarios, onas, yaganes, huilliches,
mapuches, rapanui, etc. Esos acontecimientos no construyen historia, no
aparecen en las páginas de los textos escolares, ni fueron recordados en este
bicentenario. Para la Historia oficial son acontecimientos esporádicos y
aislados, casualidades ocurridas en la construcción de una sociedad. Pero
durante el siglo XX correspondían a la lógica de represión de una justicia,
ejército y policías al servicio de las oligarquías gobernantes.
Una de las
tantas desconocidas matanzas de obreros o pueblos originarios sucedidas en
Chile ocurrió un 19 de octubre de 1912 cuando salió desde Osorno un contingente
de 45 soldados del regimiento carabineros y policías, todos al mando del mayor
Julio Frías iban con rumbo al sector Forrahue, ubicado a 15 Km al oeste de
Osorno, los acompañaba un periodista del periódico osornino “El Progreso” (de
tendencia liberal) y el preceptor judicial Guillermo Soriano encargado de
fiscalizar el desalojo de un grupo de familias Huilliche, “ocupantes ilegales”
de terrenos del Fundo Forrahue. La orden de desalojo fue dictaminada a favor
del particular Atanasio Burgos Villalobos que decía ser propietario de los
terrenos adquiridos fraudulentamente por su padre, y había logrado obtener una
sentencia judicial para expulsar a los Mapuche del Sur, de las tierras que
ancestralmente habían habitado.Por esos días el Cacique Nailef; Apo Ülmen en lengua huilliche, de la jurisdicción de Rahue,- a quien Atanasio Burgos había amenazado con sacarle la cabeza (y patearla), si presentaba el caso a las autoridades-, se encontraba en Santiago haciendo todas las gestiones posibles para evitar el desalojo. Lamentablemente, las gestiones del Apo Úlmen no impidieron los trágicos sucesos posteriores….
A las siete y media de la mañana soldados y policía llegaron hasta las casas del fundo Forrahue donde esperaban 25 carretas que acarrearían las pertenencias de los desalojados, desde allí el contingente policial se dirigió hasta la ruka de Juan Acum, la primera y más grande de las 18 casas del asentamiento huilliche que iba a ser desalojado. El mayor Frías ordena a una patrulla adelantarse y explorar el lugar. Los exploradores informan que los weichafü, guerreros, estaban concentrados en la casa de los Acum y que el camino se encuentra bloqueado con grandes troncos. Con yuntas de bueyes despejan el camino y logran acercarse a su objetivo. Frías ordena a quince soldados que desmonten y armados con sus carabinas máuser, disponerse en formación de tiradores. La vivienda de Juan Acum se encontraba al fondo de una ladera, rodeada de “barricadas” para impedir el paso de carabineros.
La estrategia de defensa de los indios huilliches consistió en ubicar fuera de la casa de los Acum a algunas mujeres y niños provistos de garrotes para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Pensaban que los soldados, sin disparar, tratarían de capturarlos y alejarlos de la casa. La mayor parte de los adultos se parapetaron dentro de la casa esperando la entrada de militares y policía. En total eran 25 weichafü, guerreros, dispuestos a resistir el desalojo. Según el informe del mayor Frías, leído por el Ministro del Interior el 21 de octubre de 1912 en la Cámara del Senado, los huilliches refugiados en la casa estaban armados de “armas de fuego, otros con palos i horquetas i algunas mujeres con tiestos de agua caliente [sic]”. En el recuento de armas, realizado después de la matanza, se descubrió que los Mapuche tenían “cuatro escopetas, un rifle, siete cuchillos, una lanza antigua, tres machetes, dos hechonas, una hacha, un fierro largo, un martillo i cuarenta i tres garrotes [sic]”.
El mayor Frías ordenó fuera leída en voz alta la orden de desalojo mientras los soldados se acercaban a la vivienda y a una distancia de quince paso pidió a los huilliches que salieran de la ruka sin resistirse al operativo judicial, y que cualquier acto de defensa sería inútil y traería fatales consecuencias. En su informe escribió: “los indios me contestaban diciéndome que estaban todos dispuestos a morir i que ni siquiera me atreviera siquiera a atacarlos [sic]”. Transcurrieron diez minutos hasta que dio a los soldados y policías la orden de desalojar a los “usurpadores”; y se abalanzaron sobre las mujeres y los niños que estaban fuera de la casa para retirarlos de la línea de fuego. Pero las malgen y los pichikeche, - mujeres y niños -, resistieron heroicamente logrando herir a algunos carabineros. Entonces salen de la casa dos fornidos wentru (hombres). Uno de ellos era Francisco Acum, el periodista de “El Progreso” escribió que acum: “haciendo un verdadero derroche de fuerza echó a tierra a sus contrincantes, en vista de lo cual, se abalanzaron otros tres carabineros, logrando de amarrarlo después de acertarle algunos golpes en diversas partes del cuerpo [sic]”. Según Frías y el periodista de “El Progreso”, durante la reyerta se produce un disparo desde el interior de la ruka que hiere en el abdomen a un sargento de carabineros de apellido Arias, quien en ese mismo instante recibía un garrotazo en la cabeza por parte de una malgen. Nunca se pudo determinar si la bala que hirió a Arias fue un disparo realizado por algún huilliche o fue realizado por otro carabinero. Aparte del sargento Arias, resultaron heridos otros seis carabineros por garrotazos y quemaduras con agua caliente.Al ver que la resistencia no mermaba, el mayor Frías ordenó a su tropa hacer la primera descarga de máuser al interior de la vivienda. Según el mismo oficial, después de esta primera descarga huilliches, armados, salen de la casa y huyen hacia el monte sin hacer fuego sobre ellos. Esto último es, por lo menos, extraño: si tenían armas para defenderse, ¿Por qué no las emplearon? ¿O es que dichas armas nunca existieron?
Sordo a los gritos desgarradores que salían desde el interior de la vivienda. Frías ordenó una segunda descarga, y por la cantidad de muertos y heridos es probable que se hubiera realizado una tercera descarga, según afirmaron algunos testigos. Una vez que cesaron los disparos, carabineros y policías ingresan a la ruka de los Acum. El periodista de “El Progreso” de Osorno escribió: “Sobre aquel sinnúmero de cadáveres y heridos, que habían quedado tendidos en el suelo, lograron después reducirlos, comprobándose que algunos de ellos estaban heridos y, sin embargo luchaban. La bravura de los indios, es verdaderamente innarrable, pues si una gota de sangre les queda en sus venas, la pierden defendiendo su causa. El cuadro que presentaba la habitación, repleta de muertos y heridos era desgarrador, horroroso. La sangre, humeante, aun corría por todas partes”. Frías también destacó la valentía Huilliche defendiendo su tierra usurpada, en declaraciones al periódico santiaguino “La Unión” (ligado al partido Conservador), el 30 de octubre de 1912, afirmó: “Y la bravura de la mujer indígena es más grande aún que la de los indios. Hasta los niños! En vez de asustarse de las balas, miraban todo con la mayor impasividad… Ninguno se rindió! Qué raza!” Una descendiente de un testigo contaba que: “ Uno de los Acum estaba escondido en un hoyo de esa casa. Llegaron, dispararon, los mataron. Este viejito se estaba haciendo el muerto y de repente entra un teniente a taparlo, a darle un puntapié y el viejito se levanta con su palo y le planta un palo al teniente. Y en eso el teniente le mete como cuatro o cinco tiros, lo dejó allí mismo al pobrecito”.
A media tarde carabineros y policía en las carretas traídas para el desalojo cargaron a los muertos, heridos y prisioneros y los llevan hasta la casa del usurpador Burgos, donde los heridos reciben atención médica. Los soldados y policías continuaron con los desalojos en las otras casas, sin encontrar mayor resistencia por parte de los, una vez más, humillados y pisoteados Huilliches.
Al terminar la represión la tropa regresa a Osorno llevando ocho carretas cargadas de prisioneros, heridos, muertos.
Como consecuencia de este brutal desalojo, 15 Huilliches perdieron la vida: 8 mujeres y 7 hombres. Entre estos quince weichafü se encontraba un niño de tan sólo 11 años y tres mujeres embarazadas. 10 hermanos Huilliches resultaron heridos. El juez a cargo de la investigación determinó que ese 19 de octubre los soldados y policía efectuaron de 20 a 25 disparos. Cifra que se desmiente por si misma al saber que los hulliches heridos tenían 24 heridas de bala y si consideramos a los 15 Mapuche ejecutados extrajudicialmente confirmamos que la justicia, al igual que la historia oficial que en su desmemoria oculta estos sucesos, se escribe según como desean los poderosos. Un periodista del diario santiaguino “La Unión” que visitó Forrahue, acompañando a los dirigentes de la Sociedad Caupolicán (que tuvo una postura vergonzosa frente a los hechos acaecidos), contabilizó un mínimo de 60 disparos. En la edición del 21 de octubre de 1912 del periódico “La Unión” se lee: “Las tablas de la cocina o pieza común donde se concentraron los indios han sido desprendidas o macheteadas en los puntos donde dieron los disparos, precaución tomada por los carabineros para borrar las huellas, según dijeron los indios”.
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