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Colonización alemana y propiedad indígena en la Región de Los Lagos
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A
mediados del siglo XIX se iniciaba en territorios de la X Región de Los
Lagos, el proceso de colonización alemana, surgiendo y desarrollándose una
sociedad aislada del país, de cuyo centro estaba separada por la Araucanía.
Cada
inmigrante alemán, recibía una hijuela de 12 cuadras y 6 cuadras más por cada
hijo varón mayor de 10 años. Quedaba exento durante los primeros 10 años, del
pago de contribuciones y el Estado chileno se comprometía a pagarle, durante
el primer año, $ 15 mensuales a cada una de las familias alemanas. Además se
les entregaba un par de bueyes, una vaca parida, tablas de alerce, clavos y
alimentos.
Una de
las condiciones exigidas a los colonos, era la residencia en el predio
asignado. Se indicaba que todas las prerrogativas ofrecidas terminaban en el
momento en que se descubriera que al cabo de algún tiempo el colono no había
cercado, desmontado ni realizado cultivos en su predio.
Así
surge en estas tierras una floreciente economía regional, basada en una
propiedad agrícola de tamaño medio, trabajada por sus propios dueños, apoyada
por el Estado y con una abundante mano de obra sureña, factores que explican
en gran parte el éxito de este proceso.
La
colonización alemana no estuvo exenta de problemas. Uno de ellos, el
conflicto de tierras, se explica por la existencia de una considerable
población indígena que habitaba en la zona, aunque el Estado chileno negaba
su existencia y aseguraba que la región estaba prácticamente despoblada.
Las
comunidades indígenas —que se mantuvieron al margen del mercado de trabajo
que iba estableciendo el proceso de colonización— se concentraban en la zona
cordillerana de la Provincia de Valdivia, alrededor de los lagos
precordilleranos y en el sector costero de la Provincia de Osorno y según el
censo de 1845, su población alcanzaba a unos 24 mil individuos.
Los
conflictos de tierras entre colonos alemanes e indígenas, prácticamente no se
presentaron durante las primeras décadas de la colonización. Aislado resulta
el incidente que afecto a Juan Currieco —conocido con el apelativo de Pichi
Juan— quien a mediados de 1856, después de retornar de la zona del Lago
Nahuelhuapi, hasta donde guió una expedición realizada por alemanes Francisco
Fonck y Fernando Hess, se encontró con la desagradable sorpresa de que su
hijuela, ubicada en el sector de Isla Coihueco, Provincia de Osorno, que le
fuera entregada en 1851 por don Vicente Pérez Rosales, le había sido quitada
por el supuesto abandono de ella.
Juan
Currieco se traslada a Puerto Montt para solicitar a las autoridades de la
Colonia de Llanquihue una aclaración de esta situación. Sin embargo al llegar
a la ciudad es encarcelado bajo la acusación de robo de ganado, interpuesta
por inmigrantes alemanes del sector de Coihueco, liderados por Juan Renous.
Desde
la cárcel, Pichi Juan envía una carta al Presidente de la República don
Manuel Montt, solicitando la suspensión del juicio que se le sigue
declarándose inocente de las acusaciones.
El
presidente de la República, conocedor de los servicios prestados al proceso
de colonización por Juan Currieco y de las irregularidades del proceso
seguido en su contra, ordenará la suspensión del juicio y la devolución de su
hijuela.
En las
últimas décadas del siglo XIX surgen los problemas de tierras entre colonos
alemanes e indígenas. Al parecer, es la aparición del latifundio —cuando los
descendientes de los primeros colonizadores comienzan a expandir sus
propiedades y se encuentran con las que ocupan los indígenas— y la ausencia
de una legislación que proteja la propiedad indígena, las razones
fundamentales que explican esta conflictiva situación.
La
revisión de la prensa sureña de la época nos da a conocer los reclamos
realizados por los indígenas. En su edición del 21 de octubre de 1893 el
periódico puertomontino "La Alianza Liberal", informaba:
"Cuatro
caciques con 80 mocetones y algunas mujeres de los caciques se han paseado
por nuestras calles. Llegaron con el objeto de saludar al nuevo Intendente
don José Vergara, y reclamar que los alemanes les están arrebatando sus
tierras "
En los
periódicos también comienzan a ser publicadas algunas críticas al proceso de
colonización. En su edición del 1 de noviembre de 1898, el diario "El
Llanquihue" de Puerto Montt, denunciaba:
"Destiladores de
aguardiente es la principal industria de los señores alemanes. El mismo Gobernador de Osorno
don Carlos Fuschlocher dice que dentro de 20 años desaparecerá toda la
indiada todavía hoy existente en nuestra región y en todas partes donde los
alemanes estén en contacto con los antiguos pobladores de estas tierras.
Deberían dictarse medidas enérgicas para que desaparezcan los que llegaron a
nuestra tierra sólo a fabricar tósigos, que van concluyendo con los
naturales".Las protestas de fines del siglo XIX se transforman en
enfrentamientos en los primeros años del siglo XX, existiendo una larga lista
de incidentes con un elevado número de víctimas, fundamentalmente indígenas.
La Matanza de
Forrahue(
octubre de 1912 ), fue un suceso emblemático de este conflicto de tierras.
Los hechos sucedieron en esta localidad cercana a Osorno, en donde las
fuerzas policiales intervienen a favor de colonos alemanes que se enfrentaron
a una comunidad huilliche encabezada por el cacique Juan Acum. Los periódicos
de la época consignan el pavoroso saldo que dejó la reyerta en la que se le
prendió fuego a una ruca atestada de indígenas. En su edición del 21 de
octubre de 1912, el periódico de Osorno "El Progreso", señalaba
"La caravana no podía ser más fúnebre...dos carretas repletas de muertos
(25), cuatro con heridos y dos con reos" .
En octubre de 1916 concluyó un largo conflicto en
Llanquihue entre Manuel Huentelicán, cacique de la zona y Conrado Stange. La
comunidad indígena, encabezada por Huentelicán, ocupaba un terreno que por
una poco transparente operación de venta fue inscrito a nombre del colono
alemán. El cacique, denunciaba que no podía haber vendido el terreno pues no
sabía leer ni escribir y menos firmar. Todo terminó con la expulsión de los
indígenas de sus ancestrales tierras por la fuerza pública.
En 1914 se iniciaba en Frutillar otro
conflicto de tierras. Sus protagonistas eran el cacique Juan Pailahueque y
Edmundo Winkler. El cacique visitó en reiteradas oportunidades los diarios de
la zona denunciando que se le quería expulsar de sus tierras y que si las
autoridades no intervenían se desataría una tragedia. La violencia estalló en
1916. El lunes 13 de noviembre Edmundo Winkler junto a Guillermo Held, Carlos
Hechenleitner y algunos mozos comenzaron a reparar una vivienda contigua a la
que ocupaba Pailahueque con su familia. Mientras trabajaban llegó el cacique
acompañado de algunos familiares, solicitando la paralización de los trabajos
en vista que la casa era de su propiedad. Ante la negativa de los intrusos,
se inició una violenta reyerta que culminó con la muerte de Pailahueque y su
hijo Pascual herido gravemente. El sumario del proceso fue realizado por
el juez
de Frutillar don Fernando Hechenleitner, quien determinó el encarcelamiento
de los indígenas que sobrevivieron al enfrentamiento, inculpados como
agresores.En otros casos la violencia surgió como consecuencia del remate de
tierras habitadas por indígenas de cuya propiedad, los colonos mostraban
títulos otorgados por las autoridades locales.
Los misioneros capuchinos, denunciaron permanentemente estas
irregularidades. Cuando una Comisión Parlamentaria recorrió la región para
investigar el conflicto de tierras, el Padre Sigifredo de Trahunhaus realizó
una extensa exposición sobre los atropellos del que eran víctimas los
indígenas e indicaba que muchas de las fortunas en el sur de Chile se habían
construido sobre el despojo de sus propiedades.
En la
edición del 27 de julio de 1917, del Diario Austral de Temuco, se podía leer
una carta denuncia del Padre Gerónimo de Amberga que en su parte medular
aseguraba:
"Para chuparle la sangre y despojar a los
indios de sus suelos no se ha necesitado ni inteligencia ni dinero; han
bastado la maldad y la mentira".
por Juan Carlos Velásquez
Profesor de Historia
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Colonización Alemana y
consecuencias
en la vida Indígena
MIGUEL ANGEL CEA REYES
PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA
SEXTO SEMESTRE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
El estudio de las mentalidades, nos propone una
nueva forma de escribir la
historia, puesto que se intenta analizar y explicar
el actuar del hombre en ciertos
contextos sociales, y en cierta medida se aleja de
lo que es la historia tradicional1, yaque esta contempla un carácter más
informativo que explicativo y que solo involucra apersonajes de las elites de
determinadas épocas2. En contraposición a esto la historiasocial y de las
mentalidades busca más bien explicar el acontecer desde una visión decarácter
explicativo y así determinar la complejidad de los hechos históricos,
dándoleimportancia a los sujetos, ya que estos son los que a partir de sus
actos son capaces decambiar la continuidad histórica y en consecuencia crean
los hechos que son elcomponente esencial de la historia.
Es así como se construye una historia de acuerdo a
distintas perspectivas, siendo una de ellas, la historia social; en donde el
hombre sumido en una estado de integridadbasado en necesidades y encadenado en
un principio de gregariedad, hacen de estesujeto histórico una sociedad, es
decir un conjunto de personas con característicaspropias las cuales buscan uno
o varios fines en común3. La Colonización Alemana en Chile, causó un impacto en
el sur de nuestro país, en un período de tiempo comprendido entre los años 1850
y 1930. Fue un fenómenoque se desarrolló entre las actuales provincia de
Valdivia por el norte, hasta la deLlanquihue por el sur.
Se trató de un proyecto estatal, que buscaba realizar
la venida de extranjeros al sur de nuestro país para impulsar un desarrollo económico
en la zona, explotar de manera eficaz las tierras ofrecidas por el Estado y
ejercer soberanía en estos territorios.
De esta manera, tras la venida de los primeros
colonos Alemanes (procedentes de regiones como Bohemia, Silesia, Braunau,
Brandenburgo, entre otras), se produjeronmúltiples repercusiones culturales.
Aunque el cambio fundamental se produjo enfunción de un “choque cultural”.
En Chile, si bien existía el pueblo indígena el
cual se encontraba “aislado” de la
sociedad e inclusive invisibilizado por el naciente
gobierno chileno4, no estuvo exentade problemas la integración de una nueva
sociedad o pueblo, la cultura Alemana.
Ya establecidos los alemanes en la zona hicieron uso
de los oficios a los cuales ellos se dedicaban, ya que no llegaron solamente
agricultores, sino también carpinteros,zapateros, talabarteros, artesanos,
entre otros. La utilización de estos oficios fue la basepara el desarrollo
industrial. Los pilares de la industrialización fueron principalmente, elrubro
de la cervecería y cuero, por nombrar algunos. Estos productos eran elaborados
apartir de materia prima que se encontraba en la zona, tales como la cebada, la
linaza y lacrianza de ganado.
Si bien, las chacras impartidas por el Estado eran
de carácter legítimas, esto no
fue suficiente para cubrir la necesidad que se
acrecentó en la medida en que pudieronimplementar la industria en la región. A
partir de este desarrollo se comenzó a requerirde más propiedades, que le
permitiera seguir creciendo económicamente y es a partir deesto que se
iniciaran las disyuntivas entre colonos e indígenas.Con respecto a lo anterior
es preciso entender ¿De qué manera la“industrialización” modificó aspectos
cotidianos de la vida de los indígenas, sucedidos afines del siglo XIX y
principios del XX?
4 En esto se hace clara alusión a la propaganda
realizada por Chile para la venida de los alemanes, en laque se omite a estos
la existencia de indígenas en la zona.
A partir de esta interrogante, se logra dilucidar
que, de una u otra forma la
influencia del desarrollo de la industria, fueron
factores fundamentales en este cambio,lo cual afecto de forma directa la vida
de los indígenas y claramente se presentan losefectos que produjeron los hechos
acaecidos (expropiación de terrenos, estafas yengaños)
También se puede determinar que a partir de estas
disyuntivas, los indígenas
pudieron cambiar la forma en la que vivían, pasando
a ser sometidos o en caso contrarioviviendo con la incertidumbre de que se
cometa alguna injusticia en contra de ellos.
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| Grupo de Caciques indigenas a la espera de una audiencia con la autoridad municipal 1900 |
El
Territorio Huilliche en Valdivia y Osorno
El término “huilliche” aparece mencionado por
primera vez en las crónicas hispanas luego de la refundación de Valdivia, a
mediados del siglo XVII, y fue utilizado para identificar a los indígenas que
residían en las inmediaciones de los establecimientos españoles de aquella
jurisdicción colonial[1].
De esta forma, y como ya fuera señalado, esta denominación no corresponde a una
definición étnica sino exclusivamente geográfica. Los mapuche-huilliche
denominan a su territorio como Huilliche, HuichanMapu[2],
o Butahuillimapu, “gran territorio del sur”, el cual se extiende históricamente
desde el río Toltén[3]
por el norte, hasta la isla de Chiloé, por el sur. Al interior de esta entidad
territorial, según las crónicas, existían diversas subdenominaciones geográficas
o territoriales, entre las que se cuentan los “Cuncos” (ubicados entre el río
Bueno y la desembocadura del Maullín) o los denominados “huilliches serranos”
(entre Huequecura y el río Maipué).
Desde el período colonial hasta la actualidad, los
huilliches muestran ciertas especificidades culturales respecto de las otras
secciones mapuches, como el empleo de una variación dialectal del idioma
mapudungun, llamado tsesungun[4].
La sociedad mapuche-huilliche tradicional, más allá
de sus parciales diferencias, tenía un carácter segmentario, ya que su
organización se fundaba sobre la base de numerosos grupos multifamiliares que
conformaban unidades residenciales y patrimoniales en una zona determinada,
explotando así sus recursos estratégicos. El núcleo primario de este tipo de
organización se define como un grupo local de parientes -muchulla, de acuerdo a
la terminología mapuche-huilliche- conformado por un número determinado de
hogares o katan que colectivamente explotan un área de recursos e integran una
unidad residencial, lo que les permitía vivir en condiciones de relativa
autarquía en términos de la subsistencia, aunque se daban algunos niveles de
intercambio entre las distintas unidades productivas[5].
A la llegada de los españoles, estas poblaciones
tenían una economía basada preferentemente en la horticultura y la ganadería,
probablemente de llamas o guanacos, con niveles de productividad significativos
y a la vez desiguales entre unos y otros[6].
Las crónicas describen sus viviendas como rukas de cuatro a seis puertas,
alrededor de las cuales sembraban maíz, papas y quínoa, contando los grupos
familiares con grandes masas de ganado[7].
Los huilliches complementaban su dieta agrícola, hortícola y ganadera, con
productos del mar, tanto en primavera como en verano, se dedicaban a la pesca,
la caza de lobos marinos o a la recolección de mariscos, accediendo a la costa
por el curso de los ríos y sendas taladas en los cerros.
Otros antecedentes aportados por los cronistas
describen a los huilliches del río Bueno, Ranco, Osorno y Quilacahuin, como una
sociedad que contaba con una economía de abundancia, los relatos hablan de que
era en gran medida cerealera, con un excedente de semillas para iniciar el
nuevo ciclo agrícola, lo que permitía la acumulación de alimentos después de la
cosecha. En su “Diario de Campaña”, el capitán Tomas de Figueroa afirmaba que:
“(...) en unas islas que forma el río Bueno en el
paraje Truman [Trumao] había cantidad de indios i ganados de todas especies ‘en
tanto al suroeste del lago Ranco, en las inmediaciones del rio Chaichahuen, el
grupo local del lonkoCaniulef tenía ‘una población de 35 casas, todas llenas de
sementeras”[8].
El poblamiento de los Huilliche en isla grande de
Chiloé en tanto, se remontaría al momento en que estos desplazan más al sur a
los Chonos, para establecerse en la costa de dicha isla. La más reciente
hipótesis, sostiene que Chiloé debió ser ocupado por las migraciones que se
desplazaban desde el norte, casi al mismo tiempo en que estas se asentaron en
las inmediaciones del Canal de Chacao, a lo que se agrega que la fecha más
antigua de poblamiento que se tiene para el sector lo señala Monte Verde, en el
sector continental de Puerto Montt, con más de 12.000 años[9].
Es posible sostener que el poblamiento del territorio isleño se remonta a más
de 5.000 años a.p. como se evidencia en los fechados realizados en el sitio de
Kilo, en las cercanías de Ancud. Por otra parte, los antecedentes hasta ahora
no indican claramente un poblamiento producto de desplazamientos y ocupaciones
norte sur como han graficado diferentes autores.
A mediados del siglo XVI, los españoles deciden
ingresar a los territorio huilliches, fundar ciudades y ocupar -mediante la
encomienda- a la población indígena como mano de obra, en los lavaderos de oro.
La primera incursión hispana concluye con la fundación de las ciudades de
Osorno, Valdivia y Villarrica, y durante los primeros años la zona se mantiene
en relativa calma, lo cual permite que los asentamientos del sur sean utilizados
para proveer de recursos humanos y materiales a las tropas ubicadas en la
Araucanía. Luego de la muerte de Pedro de Valdivia, los huilliches, en alianza
con los puelches de la cordillera, se suman al alzamiento general mapuche en
toda la zona sur[10].
Los combates se extendieron hasta el año 1604,
fecha en que el territorio huilliche fue definitivamente recuperado, con el
consiguiente abandono de las ciudades por los españoles. Sin embargo, en 1650
estos refundan la ciudad de Valdivia, con el objetivo de contener posibles
ataques de corsarios y piratas ingleses u holandeses, quienes se podían aliar
con los huilliches en contra de la corona. Desde esta ciudad se inicia un
paulatino contacto entre españoles e indígenas, el que fluctuará entre la
violencia y el comercio pacífico, lo que no impide que hasta 1793 los
huilliches tengan una suerte de “vida independiente” en toda la zona austral.
El contacto con los españoles generará en la
sociedad mapuche-huilliche cambios importantes, principalmente en lo que se
refiere a la introducción de nuevos recursos ganaderos -bovino, porcino, ovino-
efectuándose un activo comercio entre las agrupaciones de uno y otro lado del
río Bueno, con el ganado traído de regiones transcordilleranas[11].
En esta etapa, el vínculo entre los huilliches y los colonos sería
principalmente de carácter comercial.
Hacia finales del siglo XVIII se produce una
reducción importante del ganado que vagaba en las pampas transcordilleranas, lo
que provocó un fuerte descenso del comercio ganadero en la zona del río Bueno,
afectando fuertemente la economía de los mapuche-huilliche de esta región[12].
Una de las consecuencias de este fenómeno es el incremento de los conflictos
entre las diversas agrupaciones por el control de los escasos animales, lo que
explicaría que los lonkos que se encontraban en las proximidades de la plaza de
Valdivia, buscaran llegar a acuerdos con los españoles en defensa de su
patrimonio[13].
Las disputas internas de la sociedad
mapuche-huilliche y la drástica reducción del ganado vacuno, facilitaron el
avance español hacia el interior, por medio de la fundación de fuertes. Este
proceso es acompañado de manera importante por la llegada de misioneros
jesuitas que desde 1740 establecieron haciendas y misiones en la región[14].
Esta primera “avanzada hacendal” dará pie a que, una vez expulsada de Chile la
Orden Jesuita, sean particulares los que adquieran las tierras indígenas.
Las relaciones pacíficas entre los españoles y sus
“aliados” se interrumpen sin embargo en 1781, cuando las distintas agrupaciones
acuerdan una alianza con los mapuche-pehuenche para expulsar a las tropas
coloniales de su territorio. Los intentos de las tropas españolas de avanzar
desde Chiloé sobre los llanos de Osorno, habían alertado a los indígenas sobre
su objetivo final, que era el de instalar fuertes en la región; además las
tropas españolas no respondían al compromiso de defenderlos contra sus
enemigos, a esto se agregaba el comportamiento abusivo de los peninsulares con
la población local, reiteradamente denunciado por los misioneros franciscanos[15].
En 1782, la primera avanzada indígena, liderada por
los lonko Trueque, Queipul, Tangol y Guechañir es derrotada. Posteriormente a
los combates se produce una retirada transitoria de las tropas española de la
zona, pero en 1787 son creadas dos nuevas misiones, Dallipulli y Cudico, las
que cumplirán un importante papel como intermediarias entre los indígenas y las
autoridades coloniales, tendientes a conseguir la comunicación terrestre entre
Valdivia y Chiloé y el redescubrimiento de las ruinas de la antigua ciudad de
Osorno [16].
Ante la presión hispana ejercida desde Chiloé sobre
el territorio huilliche, los lonkos de las zonas de río Bueno, Ranco y los
llanos de Osorno, firman el Tratado de Paz el 24 de febrero de 1789 a orillas
del río Bueno. Con esto se logró entre otras cosas, que las tropas españolas
situadas en Chiloé no los invadieran y que, en su lugar, las autoridades
coloniales de Valdivia los protegieran de sus enemigos de Quilacahuin. Los
indígenas ofrecen por su parte facilitar la apertura del camino a Chiloé y
permiten a los españoles ocupar Osorno; a la firma del tratado acuden
comisionados del gobernador de Valdivia y un alto número de caciques huilliches[17].
Afianzada la paz y con ella la posición española,
aumentan las misiones y puestos militares, y se forman haciendas en los llanos
al norte del río Bueno. La política de internación colonial dentro del
territorio huilliche, consistía en una primera etapa de establecimientos de
fuertes y misiones, a cuyo alrededor se iban conformando núcleos de población,
primero militar y luego mayoritariamente civil[18].
Esto explica que la mayor parte de las haciendas conformadas sobre las tierras
huilliche en esta época, sean propiedad de militares; y quienes venden, en
tanto, son por lo general caciques y/o gülmenes[19].
En 1792, una serie de nuevos abusos cometidos por
los españoles, además del avance de estos en la ocupación de tierras y
formación de haciendas, provocó la reorganización de las distintas facciones
huilliches. Se conforma una alianza entre los caciques Tangol -de río Bueno- ,
Queipul y Catrihuala, quienes inician una rebelión cuyo objetivo es destruir
las haciendas, las misiones y asaltar Valdivia, movimiento que inician en 1792.
La contraofensiva española es cruenta e implacable, incendiando rucas y
sementeras, confiscando ganados y aprehendiendo mapuche-huilliche. Todo lo
anterior concluye en que los españoles desconocen la frontera establecida en el
río Bueno y se asientan definitivamente en las ruinas de la antigua ciudad de
Osorno, aniquilando la resistencia indígena[20].
En este contexto, en el año 1793 se adopta el
Tratado de Paz de Las Canoas o Rahue. Existieron otros parlamentos efectuados
anteriores con los cacicatos de Cudico, Dallipulli y Quilacahuín que, aunque
contienen algunos acuerdos específicos, fueron considerados preparatorios de
este Parlamento General de Las Canoas por las autoridades coloniales de
Valdivia, de modo que también asistieron los caciques de estas juntas
precedentes. En el Tratado de Paz de las Canoas se adoptaron, fundamentalmente,
los siguientes acuerdos:
1. Cesión del espacio territorial comprendido desde
la confluencia de los ríos Rahue -llamado entonces de Las Canoas- y Damas hasta
la cordillera andina para la refundación de Osorno y el asentamiento de colonos
españoles.
2. Sujeción política y judicial de los cacicatos
mapuche-williche a la autoridad colonial española y colaboración armada ante
cualquier amenaza de los enemigos de la corona y en requerimientos de
necesidades de subsistencia de los militares y colonos españoles destinados.
3. Integración como fieles católicos mediante la
aceptación del establecimiento de misiones, obediencia a los misioneros y
cumplimiento de los sacramentos de bautismo y matrimonio, así como de la instrucción
cristiana.
En el régimen colonial español, los cacicatos
huilliche fueron incorporados a la sujeción de la corona española, manteniendo
la estructura tradicional del cacicato, a través del cual las autoridades
coloniales ejercerían la dominación política. Se trata de un régimen
corporativo en cuanto mantiene los cacicatos huilliche como medios para el
ejercicio de la subordinación colonial y la protección jurídica que limitase
los abusos de los hispanocriollos. Precisamente, una característica fundamental
de esta relación soberana feudal consistió en que las autoridades coloniales,
considerándolos vasallos, mantuvieron el derecho de los cacicatos huilliche a
gobernarse autónomamente. Los cacicatos huilliche durante estos años finales de
la colonia fueron entendidos como una estructura de gobierno y representación
huilliche, subordinada políticamente a la soberanía de la administración
colonial española, con facultades políticas para resolver diversos asuntos
internos y de relación política con las autoridades coloniales locales, como la
compraventa de tierras, la administración de justicia, la integración en la
vida religiosa católica, etc. El superintendente de Osorno, Juan Mackenna, en
alusión a alguno de los filósofos ilustrados, escribía en 1804:
“[...] vería a los indios infieles vivir felices
interpoblados con los españoles y gobernándose por sus leyes y costumbres en
todo aquello que no se oponga a su propia felicidad, gozando una perfecta
independencia y al mismo tiempo de todos los derechos del miembro de una
sociedad bien organizada, sin contribuir con tributo ni carga alguna a sostener
el gobierno, beneficio que ampara y mantiene al más desvalido de ellos en
pacífica posesión de su vida y bienestar [...]”.[21]
Este estatus político de sociedad huilliche
autogobernada estuvo definido según una política colonial basada en una
relación de tratado. Los destinatarios de este Tratado de Paz de Las Canoas no
son sólo los huilliches, sino también las reivindicaciones de los propios
españoles. Este tratado les sirve a estos últimos para justificar,
especialmente, derechos de cesión de un territorio determinado destinado al restablecimiento
de la antigua ciudad de Osorno y el asentamiento de colonos en una situación de
soberanía que reconoce el estatus político de autogobierno de los huilliches.
Este tratado constituye hasta ahora, un hito
histórico para las comunidades de todo el Butahuillimapu, en tanto representa
el acuerdo entre dos autoridades legítimamente constituidas que establecieron
una forma de relación basada en un tratado. Por esta razón las comunidades
siguen recordándolo cada año y reclaman aún su vigencia.
Paralelamente a la firma de este tratado, a partir
del año 1795 comienza a establecerse la propiedad hacendal, y ya al finalizar
la colonia, los vecinos españoles de Valdivia se han apropiado de la totalidad
de los llanos existentes al norte del río Bueno. En esa época comienza la
expansión hacia el sector del río Calle-Calle y también, San José de la
Mariquina, al norte de Valdivia. Posteriormente, al sur del río Bueno se
establecen las haciendas de El Pilar, Cateu, Quilacahuin, El Roble, Bella
Vista, Curaco, Conta y Chan Chan[22].
Hacia fines de la colonia se conservan en manos huilliches pequeñas propiedades
en el llano y gran parte del territorio de la costa, específicamente el gran
espacio geográfico que se extiende entre los ríos Rahue y Negro por el Este, el
Hueyusca por el Sur, el río Bueno por el Norte, y el mar por el poniente. Este
proceso de adquisición de tierras indígenas previo a la independencia, marca la
diferencia en la historia de la propiedad en el territorio huilliche respecto a
la zona de la Araucanía.
A partir de la Independencia se intensifica el
proceso de compras de tierras a indígenas, fenómeno que se extiende hasta
mediados de la década de 1820, adquiriéndose de este modo una serie de
propiedades en los Llanos, San José de la Mariquina y Calle-Calle,
principalmente. Este proceso se ve facilitado por la desregulación de las
ventas de propiedad indígena en este período. Durante la colonia, la
adquisición de tierras indígenas se daba en el marco de ciertos mecanismos de
control bastante rigurosos por parte de las autoridades. Era evidente la
preocupación de las autoridades coloniales por resguardar los límites a las
compras, de modo de evitar que los particulares adquirieran un poder desmedido
en la zona.
En ese entonces, para llevar a cabo una compra de
terrenos, “... era necesario elevar una solicitud al gobernador de Valdivia.
Este encargaba a los capitanes de amigos o al comisario de naciones verificar
varios trámites destinados a:
a) comprobar que los indígenas vendían las tierras
de libre consentimiento y habían recibido el pago señalado en la petición de
compra;
b) verificar los límites de la propiedad;
c) ratificar la posesión; y,
d) ratificación de la venta y protocolarización de
la misma por parte del Notario público de Valdivia, lo que se hace con
asistencia de los compradores, capitanes de amigos y testigos” [23].
Durante la colonia, el traspaso de tierras de indígenas
a no indígenas estaba regulado, como se ha visto, por la participación del
Comisario de Naciones y el gobernador de Valdivia. Desde 1820 las normas
parecen no respetarse e inclusive ignorarse. En los contratos comienzan a
intervenir funcionarios de menor rango, como los jueces de letras, más
susceptibles a la corrupción a favor de los intereses de los particulares[24].
Durante las primeras décadas posteriores a la
Independencia nacional estos procedimientos empleados durante la colonia
nuevamente serán retomados para la titulación de las tierras reconocidas a los
huilliche. La Ley de 10 de junio de 1823, promulgada en el gobierno de Ramón
Freire, efectivamente otorgaba facultades al Intendente de Valdivia para que
designara un vecino destacado para deslindar los terrenos, redactar las actas
de demarcación y entregar los respectivos terrenos, declarados “en perpetua y
segura propiedad”. Entre los años 1824 y 1832, son ellos los encargados de
hacer entrega de los Títulos de Comisarios a los caciques de la zona,
instrumentos en virtud de los cuales las familias huilliches ya no sólo tendrán
la posesión material de sus tierras sino que ahora, junto a ella, obtendrán el
reconocimiento legal del dominio[25]
y la posibilidad de reclamar un derecho ancestral, si bien en la práctica solo
se logró aplicar el primero de los artículos de esta ley.
Los Títulos de Comisario fueron entregados
aproximadamente entre 1824 y 1848, en La Unión, Remehue, Pilmaiquen, lago Ranco
y San Juan de la Costa, principalmente[26].
A partir de 1830 se irá deslindando y adjudicando partes dentro del “gran
título” a través de los Títulos de Juez, instrumentos a través de los cuales se
reconoce dominio a las familias vivientes de un determinado sector, dando
origen a potreros o fundos, de menor extensión. De esta manera quedaba asentada
y titulada la propiedad indígena en gran parte del territorio huilliche.
A diferencia de Osorno y La Unión, en la provincia
de Valdivia, los estudios[27]
dan cuenta de la existencia de solo un Título de Comisario entregado en el lago
Ranco en 1834 a la comunidad de Illahuapi, inscrito en el conservador de bienes
raíces de río Bueno. En esta zona, por lo tanto, la propiedad de la tierra no
es debidamente regulada sino hasta unos ochenta años después, con la entrega de
los Títulos de Merced, cuando se hacen efectivas las leyes de radicación y
colonización extranjera.
Hacia 1850, se inicia un nuevo proceso de adquisición
de tierras cuando el gobierno de la época, preocupado por mejorar las
condiciones económicas de la región austral luego del proceso de Independencia,
se propuso incentivar un proceso de colonización extranjera[28],
política que afectó tanto los territorios de la Araucanía como al territorio
huilliche.
Uno de los temas más complejos de aclarar en la
actualidad, es el de la cantidad real de población indígena que habitaba en la
zona para ese entonces. La tesis que defendían los promotores de la
colonización alemana, hablaba de un “despoblamiento indígena” casi total, lo
que desde su perspectiva permitiría la ocupación de extensas áreas sin entrar
en conflicto con anteriores ocupantes[29].
Para los funcionarios de Estado, a cargo del proceso, los huilliches que aún
vivían allí, estaban prácticamente en su totalidad, asimilados al orden social
y cultural chileno.
Según los datos que se manejan actualmente[30],
lo más característico de esta etapa fue el importante desplazamiento de
población, ya que desde los inicios del proceso colonizador y hasta mediados
del siglo XIX, muchos huilliches se desplazan hacia el territorio libre de la
Araucanía, otros cruzan la cordillera para instalarse en las pampas argentinas.
En cuanto a la cantidad de población existente, se
cuenta con datos solo para la provincia de Valdivia[31].
Los datos existentes sobre indígenas radicados en las misiones católicas,
muestran que estos habrían disminuido en un diecinueve por ciento
aproximadamente, entre el siglo XVIII y mediados del siglo XIX, sin embargo, no
se cuenta con datos sobre los indígenas que habitaban fuera del dominio
misional. Las áreas donde habría habido una disminución real de población
fueron la costa frente a la ciudad de Valdivia -Niebla, Corral, etc-, las
riberas del río Calle-Calle y sus afluentes, entre la costa y la ciudad de
Valdivia y al norte de esta en las riberas del río Cruces[32].
Sin embargo, los chilenos de la época combinaban
los conceptos de asentamiento y posesión[33].
Había muchas tierras que, sin ser habitadas en forma permanente, eran tierras
útiles y aprovechadas por los huilliches desde el punto de vista económico, En
ese entonces, las tierras donde no existían viviendas habitadas por indígenas.
eran consideradas baldías y, por lo tanto, apropiables por el fisco. Este
criterio no tomaba en cuenta el hecho de que el patrón de movilidad geográfica
de los huilliches privilegiaba el asentamiento de viviendas y cultivos en las
orillas de ríos y lagos, las zonas de los bosques no estaban pobladas o lo
estaban solo en algunos sectores, constituyendo básicamente áreas de
recolección temporal de especies, caza y pastoreo de ganado[34].
Los indígenas que habitaban en el interior, bajaban hacia las playas de La
Rada, Las Banderas y Maicolpué con el fin de pescar y mariscar.
La colonización se da entonces en un marco
absolutamente desfavorable para los huilliches. Por un lado, no se aceptaba la
presencia física del indígena en la zona, por otro, se negaban las
características particulares de sus formas de vida y el uso extensivo que este
daba al territorio; por último, el indígena pasaba a representar la imagen de
un pasado de estancamiento económico y cultural que se pretendía superar
mediante el recambio de población.
Por otra parte, en 1847, amparados en la falta de
regulación que existía para la adquisición de tierras en la zona, los primeros
particulares se apropian de extensas porciones de tierra en San Juan de la
Costa, La Unión y los llanos de Osorno. Francisco Cristóbal Kindermann y Juan
Renous, inscriben a su nombre prácticamente toda la zona cordillerana a través
de los predios Llesquehue y Cordillera de Río Blanco, los que deslindaban desde
el río Llesquehue por el norte hasta Hueyusca por el sur, por el este la
cordillera y por el oeste el océano Pacífico[35].
Los métodos fraudulentos utilizados en esta adquisición son rechazados por el
fisco, el que entabla un juicio contra los compradores que dura varios años y
que culmina con un fallo a favor de los últimos por parte de la Corte Suprema[36].
En 1863, al momento de inscribir el extenso espacio territorial ante el
Conservador de Bienes Raíces, se señala que adquirieron la propiedad con muchas
otras comprándola directamente de sus dueños originarios y antecesores por
diversos contratos, sin especificar sus nombres ni la fecha de compra.
Finalmente, con la llegada de los primeros colonos
alemanes en 1850 estos se distribuyen en distintos sectores de la zona sur, la
mayor parte de ellos sin afectar directamente a tierras de ocupación indígena[37],
aunque existen algunos antecedentes que permiten suponer que la zona de
Llanquihue ocupada por colonos sí estaba habitada por indígenas. En Valdivia,
la colonización no se realiza en forma colectiva sino individualmente, y no
habría tenido un impacto directo sobre la población huilliche, ya que la mayor
parte de ella se ubicaba en el sector de Las Cruces y San José de la Mariquina,
las mismas donde se habría producido una importante baja de población. En ese
mismo período las tierras de la costa norte de Valdivia son declaradas fiscales
por WilheimFrick en el “Informe sobre las tierras fiscales de Valdivias”, de
1850[38],
aunque existían antecedentes suficientes para afirmar que allí vivían
indígenas.
El caso más significativo es el de Osorno, dado que
allí la delimitación que establece el mencionado informe de WilheimFrick sobre
tierras fiscales con fines de colonización, señala que las zonas del oeste y el
sur de Osorno no eran ni propiedad fiscal, ni propiedad particular, lo que
permite suponer que hasta ese entonces, esta parte del territorio huilliche era
reconocida como tierra indígena, lo cual explicaría que las tierras reconocidas
con Título de Comisario no fueran asignadas a colonización[39].
El impacto de la colonización sobre la sociedad
huilliche, se evidencia menos en la ocupación efectiva de tierras indígenas, no
así en el papel que jugaron los colonos en el desarrollo económico-productivo
de la región y, por consiguiente, en la evolución de la estructura de propiedad
de la tierra. Tres habrían sido los factores que a la larga, produjeron un
menoscabo del territorio indígena a partir de esta fecha[40]:
El desarrollo de la industria obligó a dar mayor
cabida de tierras a la producción agropecuaria, la escasez de tierras fiscales
dejaba como única propiedad disponible a las tierras indígenas.
La actividad económica de la colonia alemana
contribuyó a valorizar las tierras escasamente consideradas, con la excepción
quizás de las zonas de aptitud propiamente agrícola. El interés de compra de
las tierras indígenas se intensificó.
En el caso de Llanquihue, el crecimiento
poblacional de la colonia germana hizo necesario que los colonos adquirieran
nuevos territorios, ya que hacia 1870 o 1880 estaban todos ocupados.
De la misma manera, el proceso de colonización
obligó al Estado a defender la propiedad fiscal, por lo que se comienza a
limitar y sujetar las transacciones de tierras mapuches al cumplimiento de
ciertas condiciones, con ello se da comienzo a la legislación proteccionista de
las tierras indígenas[41].
En 1855 en Valdivia y 1856 en Llanquihue se impone
un decreto gubernamental que deja atrás la situación que hasta entonces
imperaba en la zona, en un retorno al tipo de normativa que había imperado
durante la colonia. El Intendente o gobernador del Departamento respectivo
debía intervenir en toda transacción hecha sobre territorios indígenas con el
fin de asegurar el libre consentimiento en la venta y el pago de la suma
convenida entre las partes[42].
A pesar del espíritu proteccionista que animó este
decreto y otros que le siguieron, esta legislación en la práctica no logra su
objetivo de proteger las tierras fiscales e indígenas, pues nunca se llegó a
aplicar en la zona de Valdivia, Los Llanos ni San Juan de la Costa. En 1873,
sucede un caso que ejemplifica la falta de cumplimiento a esta norma. Ese año,
la Intendencia de Valdivia le ordenó al gobernador de La Unión que “... hiciera
presente al notario público de esa ciudad, se abstuviera de extender escrituras
de compraventa y arrendamiento de terreno, y poderes para litigar, en que los otorgantes
fueran indígenas, por cuanto estos instrumentos debían extenderse ante el
intendente de la provincia en conformidad a lo dispuesto en los decretos
supremos de 4 de Diciembre de 1855 y 1856... ”[43].
El notario de La Unión, apeló a esta resolución,
obteniendo el apoyo de la Corte de Apelaciones de Concepción, del Fiscal de la
Corte Suprema y, por último, del Concejo de Estado, el que declaraba:
“Considerando que los departamentos de Valdivia y
La Unión no son territorios de colonización, se declara que los instrumentos
públicos sobre enajenación de terrenos existentes en aquellos departamentos no
están sujetos a las disposiciones expresadas relativas a territorio de
colonización, y deben autorizarse en forma ordinaria y común...”[44].
A partir de la década de 1870 se intensifica la
compras de tierras huilliches por particulares en toda la región.
Paralelamente, se inaugura otro proceso de conflictos entre los huilliches que
poseen materialmente los predios y los particulares que poseen títulos inscritos
ante notarios. Estos últimos, mediante una serie de maniobras, para las que
contaron con la absoluta complicidad notarial y la complacencia estatal,
lograron apropiarse de las tierras huilliches, al emborrachar a los
propietarios indígenas y luego “sacarles la firma” -al decir de sus
descendientes-; fomentar pleitos entre huilliches a fin de que estos les
otorguen -a ellos o a sus “palos blancos”- amplios poderes para que los
representen judicialmente y finalmente hacerse de la tierra indígena; comprar
acciones y derechos sobre la tierra comunitaria a alguno(s) indígena(s) para
luego solicitar la “adjudicación” de la totalidad del predio; realizar
préstamos en dinero y establecer condiciones de pago inalcanzables para las
familias huilliches, para luego cobrarse a través del embargo o el remate en
caso de que la deuda no fuera saldada o no se cumpliera con las condiciones de
lo pactado; comprar a indígenas de otro sector derechos sobre una tierra que no
le pertenece, para luego inscribir dicha venta en la Notaría de turno.
El abogado de la Defensa Fiscal hablaba de una
“fiebre” de compras a indígenas antes de 1893. De las 1.001 escrituras
otorgadas por indígenas, 700 fueron extendidas en esa época. Para 1907, de 638
“fundos” existentes en el Departamento de La Unión, solo 41 eran indígenas [45].
Los datos recogidos por el abogado de la Defensa Fiscal de Colonización Agustín
Torrealba, en la primera mitad del siglo XX, sobre compraventas de fundos
rústicos en la notaría de Valdivia son concluyentes sobre cómo el proceso de
expoliación se aceleró en las últimas décadas del siglo XIX. Entre 1788 y 1869,
se traspasan 354 acciones y 19 fundos o hijuelas; en los nueve años siguientes,
es decir, entre 1870 y 1879, el traspaso de acciones se eleva a 4.879 y los
fundos e hijuelas a 172[4].
En la zona de San Juan de la Costa, Río Negro y
Osorno se cuenta con información más precisa sobre los fundos adquiridos. De
norte a sur aparecen entonces los siguientes predios “comprados” a indígenas
por particulares[47]:
Huitrapulli: 1889, Ernesto Hille inscribe las
acciones y derechos de Santiago Colipan, Pedro Huaiquil y Manuel y María Millaquipay.
Aleucapi: 1890, Ernesto Hille inscribe acciones y
derechos de María Ringoy.
Trufun: 1889, Ernesto Hille inscribe acciones y
derechos de Juana y Ascensión Ancapan.
Cheuquemapu: 1891, Martín Ide inscribe acciones y
derechos de Paula Anchilaf y Antonio Aucapan.
Quihue: 1891, Dionisio Catalán inscribe acciones y
derechos de Luis y Andrea Aucapan.
Puquintrin: 1891, Ernesto Hille y Segundo Ide
inscriben acciones y derechos de Juan Andrés HuiniguirAncahueno.
Pucatrihue, sector norte del río Choroy Traiguen:
1891, Martín Ide inscribe acciones y derechos de Juan AngelPunuyao, Paula
Anchilaf y Antonio Aucapan.
Pucatrihue, sector sur del río Choroy Traiguen:
1879 y 1885, Guillermo Wolff inscribe acciones y derechos de Francisco
Rupailaf, José Rantul, Isidro y Pilar Rupailaf, Victorino Buchalaf y Antonio
Marileu.
Campanario: 1895, Ernesto Hille obtiene por remate
por deuda hipotecaria acciones y derechos de Manuela Marileu.
Pulamemo: 1889, Enrique Peters inscribe acciones y
derechos de Eusebio, Fermín, María y Pascuala Maricheu, Silverio Millaquipay y
Raimundo Quidel, y en 1892 obtiene por remate acciones y derechos de Manuel y
PetronaMaricheo.
Maicolpi: 1902, Néstor y FelizardoAsenjo inscriben
acciones y derechos en embargo de los bienes de Elvira Martínez viuda de
Burgos. No obstante, en la escritura no se menciona de quien obtuvo los
derechos la embargada, ni el título inscrito del que provienen los derechos.
Huellelhue y Millantúe: 1891, Segundo Castro
inscribe acciones y derechos de Severino Llancaman y Juan Andrés Quidel.
Cordillera de Río Blanco, hoy Millantúe y
Cordillera Hinostroza: 1890, los chilotes Valentín y Vicente Uribe, Mamerto
Avila y Manuel Jesús Mancilla inscriben acciones y derechos de Juan Loy.
Cordillera de Río Blanco, hoy Parte Norte y Sur de
Manquemapu: 1890, Kindermann vende a Ricardo Bustos parte del predio formado en
1847.
Cordillera de Pucopío: 1902, Jorge Hunneus y Emilio
Follert inscriben acciones y derechos de Sucesión de Juan Cañulef.
En al año 1893 el gobierno extiende a Valdivia,
Llanquihue, Chiloé y Magallanes, la prohibición total de compra de tierras
indígenas inscritas y no inscritas a los particulares, la misma que se había
establecido para la provincia de Arauco de 1883 y 1874. Para esa época sin
embargo, la gran mayoría de los predios ya se encontraban inscritos a nombre de
particulares. Más aún, al estar inscritos ante el Conservador de Bienes Raíces
-desde su creación en el año 1857 es la institución que le da el carácter de
legalidad a un título de dominio- su venta se encontraba perfeccionada,
situación que se asentaba más aún cuando después de la inscripción inicial se
desarrolla una vorágine de transferencias y traspasos de derechos entre los
mismos particulares.
En importantes zonas de la región huilliche, lo que
acontece hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es una
seguidilla de transferencias de los latifundios y la posterior concentración de
ellos en pocas manos, todos influyentes personajes de la región.
Efectivamente en San Juan de la Costa, por ejemplo,
luego de una serie de transferencias entre los Ide, Hille, Follert, Hott, el
abogado Juan Modesto Ide Martínez logra obtener de familiares y relaciones,
entre 1905 y 1907, un total de 8 fundos colindantes entre sí: Huitrapulli,
Aleucapi, Quihue, Puquintrín, Trufun, Pucatrihue, Cheuquemapu y Campanario.
Dichos predios los venderá en 1910 a su hermano Eduardo Ide M., quien los
conservará hasta la década de 1960.
Las leyes que buscaban regular la propiedad de la
tierra son de este modo, insistentemente violadas. El Ministro de colonización,
Federico Puga Borne, decía en la Memoria del Ministerio correspondiente a 1908
que,
“Aunque sea penoso repetirlo, debemos dejar
constancia de la serie de abusos, constituidos ya en sistema, que emplean los espoliadores
de la raza indígena, especialmente en las provincias en que estos no han sido
radicados aún. (...) Estas leyes han sido burladas en casi todas partes. En el
solo departamento de Valdivia los indígenas han otorgado mas de 1000 escrituras
de venta de terrenos, i en el departamento de la Unión i Llanquihue sucede mas
o menos lo mismo...” [48].
Sin embargo, es necesario hacer una diferencia, ya
que los títulos originales se referían a “acciones y derechos” y luego son
transferidos a propiedad plena, nombrando al fundo, sus deslindes, el precio,
pero en ningún acápite se señala la sentencia judicial que adjudique el predio al
vendedor, paso insalvable para el que solo tiene acciones y derechos. Así, el
dominio se perfecciona, una vez más, sólo en el papel.
Debe tomarse en cuenta además, un elemento de
crucial importancia para entender la dinámica posterior de la historia del territorio
huilliche y este consiste en que si bien los particulares han inscrito los
predios a su favor, la ‘posesión material’ de los mismos continúa siendo
huilliche.
Sobre la responsabilidad del Estado en el proceso
de expoliación del territorio indígena, el cacique Augusto Nahuelpán de
Valdivia, expone:
“La responsabilidad del despojo de tierras es del
Estado, aunque hayan sido particulares. Hay distinto tipo de forma de despojo,
alguien ve una familia, que era de mala descendencia, se apropia de un pedacito
de tierra y después se toma todo...”[49].
 |
| DESFILE DE INDIGENAS OSORNO 1900 |
La Comisión Radicadora de Indígenas comienza a
funcionar en la zona huilliche hacia 1908 o 1909. Su presidente señalaba en esa
época las dificultades con la que se habían encontrado para el proceso, por el
avanzado grado de ocupación de la propiedad particular y la escasez de indígenas
dueños de sus propias tierras:
“La ley del 66 ordena radicar al indio en el lugar
que ocupa con ánimo de dueño, aquí no es dueño, es inquilino y reconoce esta
situación por escritura pública que lo han obligado a firmar...”[50].
El mismo funcionario explicaba que en La Unión no
había sido posible encontrar terrenos de indígena o fiscal, de modo que se hizo
imposible la radicación de “... los 5000 y tantos naturales que hoy quedan
todavía...”[51].
Algunos indígenas, en tanto, se oponían a ser
radicados, pues consideraban que era un medio para reducirlos definitivamente
en una porción de tierra que no era la que por derecho les correspondía. El
protector de indígenas de Valdivia decía en 1908:
“Queremos hablar de las protestas que se traen a
esta oficina por indios que se manifiestan abiertamente reacios a su
radicación. Arguyen que les es más favorable a sus intereses renunciar a su
calidad de indígenas i ponerse al amparo de las leyes comunes, por cuanto estas
les permiten alegar la prescripción como medio de adquirir grandes extensiones
de tierras que han poseído mas de treinta años.”
Finalmente, y luego de todas estas dificultades, el
proceso de reducción en Valdivia resulta incompleto, dejando a muchos indígenas
sin propiedad legal sobre sus tierras. Las reducciones formada en esta
provincia alcanzaron las 477, con una superficie total de 70.852,32 hectáreas.
A modo de ejemplo, es posible señalar que en La
Unión, sólo se constituyen comunidades reduccionales en la localidad de
Pilpilcahuin, pertenecientes a la antigua delegación de Los Juncos -o Cuncos-,
ubicadas todas en un área muy homogénea y compartiendo la misma calidad de
suelo. Las tierras son entregadas a los siguientes comuneros:
Tabla Nº 24. Comunidades reduccionales en la Unión:
tierras
asignadas y comuneros.
|
Nº
Tierras de Merced
|
Nombre
|
Fecha
|
Nº de Radicados
|
Hás
|
|
1.2619
|
LaendroCoñaman
|
1914
|
7
|
19,90
|
|
2.2620
|
Secundino
Ancapi
|
1914
|
6
|
9,50
|
|
3.2621
|
Bernardo
Calfurrapa
|
1914
|
6
|
23,60
|
|
4.2622
|
JermanAncapi
|
1914
|
3
|
17,60
|
|
5.2624
|
José
Manuel Loncochino
|
1914
|
9
|
12,50
|
|
6.2625
|
José
Manuel Huenchucona
|
1914
|
6
|
7,70
|
|
7.2637
|
Juan de
Dios Lepu
|
1914
|
10
|
25,00
|
|
8.2638
|
Pedro
Machiman
|
1914
|
3
|
65, 70
|
|
9.2652
|
Ventura
Linai
|
1914
|
2
|
83,70
|
|
10.2653
|
Otelo
Ancapi
|
1914
|
2
|
26,60
|
|
11.272
|
Manuela
Loncochino
|
1916
|
9
|
10,80
|
|
12.2733
|
Carmen
Silva de Vargas
|
1916
|
2
|
7,20
|
|
13.2743
|
José
del Carmen Nopai
|
1916
|
8
|
39,60
|
|
14.2744
|
Pedro
Huenchucona
|
1916
|
12
|
8,40
|
|
15.2745
|
Rosario
Loncochino
|
1916
|
8
|
23,00
|
|
16.2749
|
José
Miguel Loncochino
|
1916
|
8
|
23,20
|
|
17.2787
|
José
MariaNopai
|
1917
|
11
|
13,00
|
|
18.2790
|
Juan
Antonio Nopai
|
1917
|
11
|
21,20
|
|
TOTAL
|
123
|
438,00
|
Tal como en otros departamentos de la Provincia de Valdivia -Río Bueno-,
las entregas fueron hechas a familias que tenían lazos de parentesco entre
ellas, comprendiendo varios linajes -Loncochino, Ancapi, Huenchucona-. Pero al
tratarse de familias y no de grupos de parentesco más extensos, se produce una
desarticulación de la antigua comunidad, que se sustentaba en un patrimonio
administrado y heredado por cada uno de los linajes[52].
En la zona de San Juan de la Costa, la Comisión Radicadora entregó el
primer Título de Merced en 1912, culminando su trabajo en 1922. La mayor parte
de los Títulos se otorgaron en el período comprendido entre 1915 y 1916, dando
como resultado la entrega de 33 mercedes, con 5.344,2 hectáreas de superficie
total. El trabajo de la Comisión fue parcial y restringido sólo al área Norte
de San Juan de la Costa.
De este modo, a partir de la década de 1910 comenzó a consolidarse la
pequeña propiedad huilliche en San Juan de la Costa, Osorno y Río Negro, debido
a dos procesos simultáneos: el primero, de entrega de títulos individuales
producto de particiones de herencias y su inscripción en el registro de
propiedades; el segundo por la entrega de Títulos de Merced a algunas
comunidades”[53].
A partir de la década de 1930 se inicia el proceso de subdivisión de las
comunidades, bajo la llamada Ley de Propiedad Austral. Muchos indígenas
solicitaron el reconocimiento de sus propiedades en virtud de esta ley y en
algunos casos -no se cuenta con la información para saber la cantidad exacta-
fue reconocida. El proceso no consistió en el otorgamiento a los indígenas de
propiedades fiscales, sino que se les reconoció una parte de sus antiguas
posesiones[54].
Las tierras de la Cordillera de la Costa de Osorno se incorporan bajo
esta misma Ley al proceso de Revalidación de Títulos (RVT) ante el Fisco,
decretos dictados en 1928 y 1931. Para ello era requisito tener título de
dominio vigente e inscrito ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo y la
posesión material del predio.
Lo anterior significó que los particulares tuviesen que recurrir a
nuevas argucias legales para asegurar la propiedad de los predios en discordia,
tales como la posesión material continua en manos mapuches-huilliches en que
los particulares presentan a sus ocupantes ancestrales como “inquilinos y
trabajadores del fundo”. Del mismo modo, el articulado de la Ley de Propiedad
Austral establecía que los derechos que conferidos no sólo podían ser
ejecutados por quienes tuviesen títulos exclusivos de dominio, sino también por
un comunero que contara con una cuota determinada o acciones y derechos sobre
un inmueble con deslindes determinados. De manera tal que surgía la posibilidad
de que algunos mapuche-huilliche, reclamaran sus derechos emanados del Título
de Comisario ya que sólo se habían cedido algunas acciones y derechos -lo que
los hacía al menos copropietarios de los predios- pero no lo hicieron, ya sea
por desconocimiento del proceso legal, lejanía, no tener como acreditar sus
demandas, haber sido ya expulsados o, por último, por no reconocerle validez a
la Ley de Propiedad Austral, dado que no hacía justicia a sus demandas.
Nuevamente está el caso de San Juan de la Costa, zona en la cual el
Fisco reconoció como válidos los Títulos de Dominio presentados por particulares
por los predios Trinidad (1930), Cordillera de Pucopío (1930), Monteverde
(1931), Pucatrihue (1939), Maicolpi 1 (1937), Maicolpi 2 (1838), Maicolpi 3
(1944), Hueyelhue (1939), Cordillera de Río Blanco (1943), Cordillera
Hinostroza (1956) y Aleucapi (1970). Se denegó, en cambio, la propiedad y
pasaron a ser fiscales los predios Quihue, Trufum, Cheuquemapu, Puquintrin,
Pucatrihue y Campanario (1970), de propiedad de Rodolfo Blanco -sucesor de los
Ide- y el fundo Huitrapulli (1970), de Germán Mollenhauer.
En síntesis, la propiedad le fue reconocida a los particulares o bien
pasó a manos fiscales, produciéndose con ello otro efecto jurídico, ya que los
Títulos de Comisario -al no ser presentados para su revalidación- dejaron de
tener valor jurídico, no obstante que todos los títulos presentados por
particulares derivaban sus derechos de dichos grandes títulos indígenas.
En la zona de Valdivia, se desconoce la cantidad total de tierras
otorgada a los huilliches por la Ley de Propiedad Austral -Nº 1600 de marzo de
1931-. Según antecedentes encontrados en el ex Dasin de Temuco[55],
figuran 58 títulos otorgados en La Unión, por un total de 848 has y en Río
Bueno figuran 26 títulos otorgados por un total de 1055 hectáreas. Por otra
parte, en un informe del año 1945 de la Dirección General de Tierras y
Colonización se señalan decenas expedientes de solicitantes a la radicación,
algunos de los cuales se exponen a continuación:
TABLA Nº
25. Expedientes de solicitantes a la Radicación. La Unión.
|
LA UNIÓN
|
||
|
Nº del Exp.
|
Solicitante
|
Lugar
|
|
1375
|
Pedro
Millamán
|
Mucún
|
|
1376
|
Manuel
Quilempán
|
Cancún
|
|
1383
|
Félix
Huenulaf
|
Currimahuida
|
|
1565
|
Feliciano
Camán
|
Cuncos
|
|
1569
|
Juan A.
Catricheo
|
Huilinco
|
|
1608
|
Encarnación
Catricheo
|
Mechamo
|
|
1619
|
Pedro
Huanulef
|
Cuncos
|
|
1620
|
TaurioHuenumilla
|
Chalhualelfu
|
|
1635
|
Dominga
Lepillanca
|
Huillacaigue
|
|
1667
|
María Neihual
|
Quiloco
|
|
1706
|
Juan
Francisco Naipallán
|
Cuncos
|
|
1755
|
Dionisio
Trapian
|
Riñinahue
|
|
1768
|
Pabla
Cheuquean
|
Cuncos
|
|
1806
|
Margarita
Currihual
|
Cuncos
|
|
2057
|
Fernando
Naiyapán
|
Cuncos
|
|
2080
|
José
Cheuquemán
|
Coihueco
|
|
3014
|
Pabla
Quilempán
|
Filuco
|
|
3271
|
Ángela Currihual
|
Quisquilelfu
|
|
4196
|
Francisca
Huentecura
|
Cuncos
|
|
4281
|
María
Flora Antillanca
|
Cuncos
|
|
4386
|
Eliseo
Marrilanca
|
Quilanco
|
|
4470
|
Manuel
Huilmaqui
|
Pufito
|
|
4473
|
Matilde
Imilmaqui
|
Paillaco
|
|
4560
|
Juan
Cheuquellán
|
Paillaco
|
|
4804
|
FelizardoCamán
|
Mucún
|
|
4805
|
Pascual
Camán
|
Mucún
|
|
4806
|
FabricianoCamán
|
Mucún
|
|
4807
|
Nicolás
Camán
|
Mucún
|
|
4809
|
Erasmo
Camán
|
Mucún
|
|
4809
|
Isabel
Camán
|
Mucún
|
|
4810
|
Gavino
Camán H
|
Mucún
|
|
4811
|
Pedro
Camán H.
|
Mucún
|
|
4812
|
Juan
Camán H.
|
Mucún
|
|
4813
|
Pedro
Camán H.
|
Mucún
|
|
4814
|
Tránsito
Calfullao
|
Mucún
|
|
4815
|
José
Miguel Cheuquian
|
Mucún
|
|
4816
|
Dolores
HuenulefCamán
|
Mucún
|
|
4817
|
Nicolás
Camán
|
Mucún
|
|
5081
|
Vicente
Quinillao
|
Coshueshue
|
TABLA Nº
26. Expedientes de solicitantes a la Radicación. Río Bueno.
|
RÍO BUENO
|
||
|
1566
|
Rosario
Calfugal
|
Río Bueno
|
|
1596
|
Pascual
Ancacura
|
Tringlo
|
|
1623
|
Ignacio
Huaiquilef
|
Runeco
|
|
1624
|
Antonio
Hauquilef
|
Runeco
|
|
2385
|
Juan de
D. Huifil
|
Ollalmape
|
|
2644
|
Manuel
Quilempán
|
Cuncún
|
|
2645
|
AvelinaQuilempán
|
Cuncún
|
|
2646
|
Bartolo
Torres
|
Cuncún
|
|
2647
|
Albino
TerugaPichumi
|
Cuncún
|
|
2648
|
Felipe
Quilempán
|
Cuncún
|
|
2649
|
Vicente
Quilempán
|
Cuncún
|
|
3003
|
María
Quinchel
|
Llui-Lluico
|
|
3383
|
Juan
Aguilera Trehue
|
Illahuapi
|
|
3418
|
María
Llaitul
|
Pulotres
|
|
3513
|
José A.
Cumillanca
|
Monte
Verde
|
|
3514
|
Francisca
Pichicoy
|
Monte
Verde
|
|
3519
|
José A.
Huenchullanca
|
Monte
Verde
|
|
3651
|
Antonio
PerézQuilempán
|
Cuncún
|
|
3652
|
Rosario
Quilempán
|
Cuncún
|
|
4131
|
José M.
Antigual
|
Río
Bueno
|
|
4132
|
Eugenio
Ancacura
|
Río
Bueno
|
|
4133
|
Margarita
Calfulef
|
Río
Bueno
|
|
4134
|
Juan
Calfulef
|
Río
Bueno
|
|
4135
|
Pascual
Colihuinca
|
Río
Bueno
|
|
4136
|
Manuel
Calfueque
|
Río
Bueno
|
|
4137
|
Joaquín
Calfulef
|
Río
Bueno
|
|
4137
|
Rosario
Calfulef
|
Río
Bueno
|
|
4139
|
Margarita
Cayilef
|
Río
Bueno
|
|
4140
|
Francisca
Calfulef
|
Río
Bueno
|
|
4141
|
Margarita
Jaramillo
|
Río
Bueno
|
|
4142
|
José A.
Legaray
|
Río
Bueno
|
|
4143
|
Domingo
Neihual
|
Río
Bueno
|
|
4144
|
María
Huenchupán
|
Río
Bueno
|
|
4145
|
Juan D.
Huaquelef
|
Río
Bueno
|
|
4146
|
Tránsito
Huinquel
|
Río
Bueno
|
|
4147
|
Andrea
Paidril
|
Río
Bueno
|
|
4148
|
Francisca
Pefian
|
Río
Bueno
|
|
4282
|
Antonia
Cheuquian
|
Llancacura
|
|
4404
|
Felipe
Ñancucheo
|
Reñinohue
|
|
4527
|
Gumercindo
Chocano
|
Futrono
|
Se desconoce la cantidad de tierras que perdieron
los indígenas con el proceso de radicación, al no reconocérseles sus Títulos de
Comisario, tampoco existe información respecto a cuántas de sus solicitudes fueron
escuchadas. Lo cierto es que desde 1930 en adelante una parte de los
mapuche-huilliches no incluidos en el sistema reduccional logran la radicación[56]
y la constitución legal de la propiedad, es decir, el reconocimiento sobre
parte de sus tierras ancestrales, aun cuando esto no significó que se
solucionaran en forma definitiva otros numerosos casos[57].
Entre 1931 y 1971 los indígenas pierden parte importante de las tierras
que le habían sido otorgadas por los Títulos de Merced. En la zona mapuche-huilliche
la remensura, a diferencia de los que ocurre más al norte, perjudica a los
indígenas. En Valdivia, son remensuradas 87 de las 477 reservas que equivalen a
7,773 hectáreas; luego de la remensura estas se reducen a 6.270,01, lo que
implica que existen 1.503 hectáreas que cesan de ser reconocidas como
indígenas. En Osorno, donde la cantidad de reducciones subdivididas era mucho
menor -sólo nueve- los indígenas reducen su superficie reconocida de 298,10
hectáreas a 280,10 hectáreas[58].
 |
| CACIQUES MAPUCHES A LA ESPERA DEL PRESIDENTE MONTT |
Por otro lado, mediante fallos judiciales, ventas fraudulentas,
expropiaciones y otros, un determinado número de reducciones pasó a manos de extraños
dejando de pertenecer a sus originales y legítimos propietarios[59].
En Valdivia, 37 reservas pasan a manos de particulares no indígenas, las cuales
equivalen a 2.708,51 hectáreas. En Osorno, son dos las reservas apropiadas por
no indígenas, que equivalen a 132,80 hectáreas[60].
A la reducción efectiva de tierras, se sumaban otros factores que
reflejaban la falta de apoyo a las demandas indígenas por parte de la
autoridad. Entre ellos se encuentran los fallos judiciales adversos por parte
de los Juzgados de Indios, los que no cumplieron con su rol de defensa de las
tierras indígenas frente al abuso de los particulares. Muy por el contrario,
existía una cláusula según la cual la tierra que debía ser devuelta a los
indígenas, podía ser expropiada a favor de terceros, lo cual permitía que,
incluso en casos de fallo favorable a las demandas indígenas, las tierras
terminaran en manos de particulares.
Por último, otro factor de gran relevancia en el deterioro de las
condiciones de vida de los indígenas, es el aumento de población frente a la
disminución de tierras reduccionales. En la provincia de Valdivia había un
promedio de 9,99 hectáreas por persona en 1930[61],
calculándose que esta cantidad disminuyó a 2,0 hectáreas por habitante en 1963,
lo que equivale a la reducción a menos de un cuarto del total original. Sin
considerar el agravante del proceso de agotamiento y deterioro que las tierras
han sufrido durante este período[62].
A partir de la década de 1930, en un proceso paralelo al reconocimiento
de la propiedad particular por parte del Estado chileno, las comunidades y
organizaciones mapuche-huilliche comenzaron a asumir una postura más activa
frente a lo que consideraban la usurpación de sus tierras y derechos. Los
caciques y comunidades mapuche-huilliche negarán validez a la legislación
aplicada y se plantearán como imperativo la recuperación de los antiguos
territorios. Paralelamente, se fortalece la organización de los cacicazgos,
creándose Sociedades, Corporaciones y Asociaciones Indígenas.
En este contexto aparece un documento de vital importancia, el que
resume gran parte de los anhelos y demandas de las comunidades
mapuche-huilliche. El documento en cuestión es el “Memorial de Proyecto de
Ley”, en el que participan caciques huilliches desde Valdivia, Osorno y Chiloé,
y que es enviado en el año 1936 al Presidente de la República, don Arturo
Alessandri Palma.
En dicho documento se
expone lo siguiente:
“Basándonos en nuestros derechos que datan de tiempos inmemoriales, en
efecto por mas de miles de años de arranque que nuestra tierra es propia y por
más de doscientos años que hemos usufructuado en posesión pacífica de nuestros
abolengos después de las guerras sostenidas con los españoles en distintas
tribus, hoy Excelentísimos Señor Presidente nos encontramos privados de
nuestras tierras por elementos extranjeros, principalmente alemanes y criollos
que no tienen derecho ni parte en las herencias de los indios mapuches y
descendientes, como lo pasamos a probar con nuestros documentos públicos y
notorios en el cuerpo de este Memorial; por cuyas razones tan justificadas,
venimos a solicitar de Valdivia al sur que se retiren definitivamente de
nuestra provincia de Butahuillimapu las leyes de Radicaciones, Colonización y
Propiedad Austral porque perjudican nuestros derechos, no hacen justicia, en
que al contrario violan nuestras leyes...”[63].
El documento del memorial manifestaba además la necesidad de respetar el
Tratado de Paz de 1793 y los Títulos de Comisarios, además de una serie de
demandas de carácter económico, territorial y cultural. Si bien el Documento en
cuestión no tuvo por parte de las autoridades regionales y nacionales la
acogida esperada, con él comienza a variar el rumbo de la relación entre las
comunidades mapuche-huilliche y las tierras perdidas, esto porque a través de
aquel se sentaban bases sólidas para un activo proceso de organización durante
los años siguientes.
Paralelamente, las autoridades tradicionales mapuche-huilliche se van
integrando al trabajo de otras organizaciones de carácter nacional, a las que
se irán sumando las demandas de sus comunidades. Es el caso de la “Sociedad
Caupolicán Defensora de la Araucanía”, creada en la ciudad de Temuco en el año
1910 y que adquiere presencia y notoriedad en la zona producto de la denominada
“Matanza de Forrahue”, ocurrida en 1912, al apoyar una delegación de dirigentes
mapuche-huilliche que se traslada a Santiago en 1914 a denunciar la usurpación
de sus tierras. Luego, en 1934, la “Corporación Araucana” trabaja con la
comunidad mapuche-huilliche La Catrihuala, y posteriormente, en el año 1939,
representantes mapuche-huilliche se integran al Frente Único Araucano.
A partir de la década de 1950, las comunidades deciden explotar
forestalmente los predios y ampliar hacia ellos sus dominios, comenzando una
etapa crucial de disputas con los particulares. Paralelamente, a partir de 1960
familias mapuche-huilliche ocupan y demandan tierras, en base a los derechos
que emanaban del Título de Comisario.
Emblemática es, en este sentido, la comunidad mapuche-huilliche La
Catrihuala, la que en esos años comienza a ocupar y explotar los alerzales del
fundo Cordillera de Hinostroza, llamada entonces “Cordillera Alzada”. Luego de
múltiples refriegas con los empleados y propietarios de Hacienda Cameros, la
sociedad dueña de los predios Cordillera de Hinostroza y Hueyelhue, hacia el
año 1959 se expande hacia Hueyelhue, recuperando alrededor de 21.000 hectáreas
de lo que fuera el antiguo título de la Posesión Yaitul.
Paralelamente,
y principalmente a partir de 1960, familias mapuche-huilliche ocupan y
demandan, en base a los derechos que emanaban del Título Comisario de los
Neguipan, el fundo Huitrapulli, el que había sido posesión inscrita de los Ide
y ahora lo era de Germán Mollenhauer. Del mismo modo, los Jaramillo Imilmaqui
accedían al fundo Trinidad, el que formaba parte del antiguo fundo “Pucopio”,
nombrado como tal en el Título de Comisarios de Imil, Hueñaca y Huentequeo. Igual
situación se repetía en los otros fundos de La Costa, en los que la posesión
material se mantenía en manos mapuche-huilliche.
Recién en la década del setenta, con la Reforma Agraria llevada a cabo
por el Presidente Allende, se percibe en la zona que por primera vez el Estado
se hace cargo del problema de tierras que los afecta. Las demandas y
expectativas acumuladas inciden en el aumento explosivo de tomas de terreno,
especialmente en la zona de Valdivia, Panguipulli y Río Bueno. Entre 1967 y
1971 se calcula que el número de tomas de terreno solo en la provincia de
Valdivia habría ascendido a 193. Se trataba de ocupaciones ilegales no
violentas, sobre tierras que los indígenas reclamaban como de su propiedad.
Entre 1970 y 1971, los mapuche-huilliche se apropian de los siguientes fundos[64]:
24/12/1970: Fundo Trafún, Liquiñe, 150 hectáreas. Sesenta miembros de la
comunidad Lorenzo Carimán ocupan el fundo y reclama que dichos terrenos le
habían sido arrebatados 40 años antes por la sucesión Kunstmann.
16/01/ 1971: Fundo Añiques, Coñaripe, 617 hectáreas, propiedad de Isabel
Corbella. Diecisiete mapuches ocupan los terrenos por reivindicación
territorial y “... por encontrarse impagos de salarios, asignaciones familiares
e imposiciones...”.
3/02/1971: Fundo Chauquén, Panguipulli, 189 hectáreas. Propiedad de
Gilberto Monje. Ocho indígenas realizan la ocupación, reclamando por juicio
pendiente en el Juzgado de Indios de Pitrufquén, acerca de la propiedad del
mismo.
27/ 02/ 1971: Hijuela San Mateo, Panguipulli, 189 hectáreas, de
propiedad de Sergio Ramirez. Doce indígenas dieron como justificación la
recuperación de tierras.
24/10/1971. Fundo Rime, Dollinco, San José de la Mariquina, 251
hectáreas. Propiedad de Juan Kunnslemann. Es ocupado por veinte indígenas que
aducen “... la pertenencia de dichas tierras a sus antepasados...”.
15/09/1971. Fundo Dollinco, San José de la Mariquina, 900 hectáreas de
la Sucesión Manns. Fue ocupado por diversos grupos en períodos distintos,
quienes aducen como causa de la acción, “... el abandono en que se encuentran
estas tierras... ”.
25/11/1971 Fundo Malchehue, Panguipulli, 300 hectáreas, propiedad de
Gilberto y Leno Monje. Es ocupado por 36 indígenas de la comunidad Dionisio
Manquel. Se aduce la propiedad indígena sobre las tierras y el usufructo ilegal
de estas.
Como consecuencia de la presión al gobierno para que cumpliera sus
promesas de restituir las tierras a los indígenas, el proceso de expropiación
se acelera en toda la zona mapuche-huilliche. En la provincia de Valdivia, la
suma total de tierras que pasaron a los mapuche-huilliche a través del proceso
de Reforma Agraria en la década de 1970, fue de 5.394,10 hectáreas. Este
proceso tuvo un claro efecto, en la redistribución de tierras a su favor. Su
importancia es todavía más considerable, si se toma en cuenta que la cantidad
de tierras entregada a los mapuche-huilliche de La Unión y Río Bueno fue casi
el doble de la reconocida durante el proceso de radicación. 2.249.80 hectáreas
v/s 5.394.10 hectáreas[65].
En el sector de San Juan de la Costa, son expropiados los fundos La
Barra, Trinidad, Cordillera de Río Blanco, entre otros de la región, todos de
antigua ocupación mapuche-huilliche. En la misma zona y específicamente el 6 de
agosto de 1970, el Fisco no dio lugar a la revalidación de títulos en favor de
Rodolfo Blanco, gran latifundista de la zona y sucesor de los Ide, sobre los
fundos Quihue, Puquintrin, Trufun, Cheuquemapu y Pucatrihue, como ya lo había
hecho en mayo del mismo año respecto del fundo Huitrapulli, negando la
revalidación del título a Germán Mollehauer. En todos los casos la sentencia
señalaba que si bien los particulares tenían título inscrito, en ninguno de
ellos tenían la posesión material, la que coincidentemente, estaba radicada en
manos mapuche-huilliche.
Si bien a principios de la década del 1970, es sustraído del dominio particular
parte importante del territorio mapuche-huilliche, el dominio legal en muchos
casos no llega a las comunidades. Es el caso de los fundos expropiados en toda
la zona de San Juan de la Costa, los que pasan a manos de la Corporación de
Reforma Agraria (CORA). En el caso de los predios a los que no se les revalidó
el título de dominio, este pasó a manos del Fisco[66].
Distinta es la realidad en Valdivia, donde ya a comienzos de 1971, existían 15
comunidades a las que se les había entregado la propiedad legal sobre tierras
expropiadas[67].
Independiente del destino que hayan sufrido estas tierras, la posesión
material se mantuvo entre las familias mapuche-huilliche.
Después del golpe de Estado de septiembre de 1973, fue paralizado el
proceso de Reforma Agraria, las organizaciones campesinas e indígenas fueron
fuertemente reprimidas y debilitadas, sus dirigentes detenidos o incluso
asesinados. En Valdivia, 17 mapuches perdieron la vida, en su mayor parte
trabajadores y empleados del Complejo Maderero Panguipulli. Esta situación creó
un nuevo contexto de relación entre los pueblos indígenas y el Estado, que
permitió un cambio de política radical respecto a la propiedad indígena.
A partir de entonces fueron detenidas las expropiaciones de fundos, y
muchas de las tierras expropiadas y recuperadas por los mapuche-huilliche
retornan a sus antiguos dueños, mientras otro volumen importante se mantiene en
manos del Fisco.
En San Juan de la Costa, aquellos fundos que habían sido expropiados por
CORA, son objeto de revocación del Acuerdo Expropiatorio y retornan al dominio
de los particulares o bien a empresas y sociedades, especialmente aquellos
predios que pasaron de la CORA a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y que
luego esta los adjudicó en remate a particulares. Es el caso de los predios
Trinidad, que fue rematado en 1983, del predio La Barra, el que fue transferido
al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para que luego este lo adjudicara a
MeerHaitGalaburda, en el año 1982; del predio Parte Norte de Cordillera de Río
Blanco, que de la CORA pasó a la Oficina de Normalización Agraria (ODENA), la
que lo licitó en el año 1979; de los fundos Cordillera Hinostroza y Hueyelhue,
cuya expropiación fue revocada en el año 1977.
Aquellos fundos que habían pasado a manos del Fisco, al no ser
revalidado su dominio por propietarios particulares durante la aplicación de la
Ley de Propiedad Austral, fueron inscritos en el año 1976 a nombre del
Ministerio de Bienes Nacionales, no obstante estar habitados en su totalidad
por familias mapuche-huilliche. Es el caso de los fundos Huitrapulli, Trufun,
Cheuquemapu, Quihue, Puquintrin, Pucatrihue, Campanario, Pulamemo, Quemeumo,
Llesquehue.
En marzo de 1979, el Gobierno promulgó el Decreto Ley 2568, el cual
establecía mecanismos definidos, con amplios recursos del Estado, para la
división de las reservas indígenas y la asignación de hijuelas resultantes a
propietarios individuales. El proceso de subdivisión llevado a cabo desde 1979,
viene a legitimar en forma definitiva a los propietarios particulares que
habían expropiado las tierras mapuche-huilliche, tanto las reduccionales, como
las tierras de uso ancestral que no habían sido reconocidas como tales.
En Valdivia, entre 1979 y 1986 habrían sido divididas 305 de las 477
reservas formadas en la radicación, las cuales se transformaron en 4.848
hijuelas individuales o familiares. En Osorno en tanto, de las cuarenta
comunidades originales entregadas por los Títulos de Merced, 28 entran en
proceso de subdivisión y se transforman en 430 hijuelas individuales[68].
En ocho años se logra dividir un número cinco veces mayor al alcanzado entre
1931 y 1971[69].
Hacia 1986 sólo 48 comunidades de Valdivia y una de Osorno se encontraban
indivisas y con Título de Merced.
En la década de los ochenta, los mapuche-huilliche entraron en un
proceso de reorganización, basado en la revitalización de la estructura
tradicional, el cacicazgo, bajo el alero del Obispado de Osorno y encabezados
por jóvenes provenientes de las comunidades de San Juan de la Costa. Luego de
tres años se logra reconstituir la junta de Caciques de la Butahuillimapu, y ya
en el año 1983, la Junta General de Caciques, realizó sus primeros congresos
regionales en la Butahuillimapu. En el memorial de 1983 se planteaban los
problemas, sociales, económicos y culturales de los mapuche-huilliche, y los
caciques señalaban abiertamente la necesidad de un reconocimiento especial a su
investidura de autoridades[70].
Si bien la Junta de Caciques del Butahuillimapu que extiende su
influencia desde Valdivia a Chiloé, mantuvo en el inicio una línea distinta a
las organizaciones de la Araucanía, caracterizada por una actitud menos confrontacional
con el régimen militar, los dos sectores, hacia el final de los ochenta acercan
sus posiciones. Esto permite que en el acuerdo de Nueva Imperial de 1989, las
organizaciones mapuche-huilliche junto con todo el Pueblo Mapuche, de origen
rural y urbano, acudan bajo una sola representación, la del Concejo Nacional de
Pueblo Indígenas.
[1]Latcham,
Ricardo. “Los indios de la cordillera y de las pampas en el siglo XVI”. Revista
Chilena de Historia y Geografía, Tomo LXIV, Nº 68. 1930. Citado en Alcaman,
Eugenio. “La sociedad mapuche-huilliche del futahuillimapu septentrional.
1750-1792”. Boletín del Museo Histórico Municipal de Osorno Nº 1, pp. 64-90.
1994. p. 64.
[2]Rupailaf, Raúl y Raúl Molina. “El Territorio Mapuche-Huilliche, la historia de un despojo”. Documento realizado en el marco de un proyecto de capacitación jurídica a monitores huilliches, de la ONG Huilliche Mundo Kusovkien, 1989. p. 4. El término “HuillicheHuichanMapu” se obtiene del libro Memorias de un cacique Mapuche. Pascual Coña. En este texto el cacique identifica cinco “Huichanmapu”: Lafkenwichanmapu, o gran territorio de la costa; lelfünhuichanmapu, o gran territorio de las llanuras o valle central; Inapirehuichanmapu, o gran territorio colindante con la nieve o faldas de la cordillera; Pire huichan mapa, o gran territorio de la nieve o cordilleras altas y Huillichehuichanmapu, o gran territorio del sur.
[3] Otros autores, como Fray Miguel Ascabusi hablan de un territorio huilliche que se extiende desde las tierras del río Bueno hasta el seno de Reloncaví. (Ascabusi: “Informe cronológico de las misiones del reino de Chile, hasta 1789”. En: Claudio Gay. Documentos. Tomo I. París. 1846. [1789]. Citado en Alcamán, Eugenio. “La sociedad mapuche-huilliche del futahuillimapu septentrional. 1750-1792...”. Op. cit. p. 64).
[2]Rupailaf, Raúl y Raúl Molina. “El Territorio Mapuche-Huilliche, la historia de un despojo”. Documento realizado en el marco de un proyecto de capacitación jurídica a monitores huilliches, de la ONG Huilliche Mundo Kusovkien, 1989. p. 4. El término “HuillicheHuichanMapu” se obtiene del libro Memorias de un cacique Mapuche. Pascual Coña. En este texto el cacique identifica cinco “Huichanmapu”: Lafkenwichanmapu, o gran territorio de la costa; lelfünhuichanmapu, o gran territorio de las llanuras o valle central; Inapirehuichanmapu, o gran territorio colindante con la nieve o faldas de la cordillera; Pire huichan mapa, o gran territorio de la nieve o cordilleras altas y Huillichehuichanmapu, o gran territorio del sur.
[3] Otros autores, como Fray Miguel Ascabusi hablan de un territorio huilliche que se extiende desde las tierras del río Bueno hasta el seno de Reloncaví. (Ascabusi: “Informe cronológico de las misiones del reino de Chile, hasta 1789”. En: Claudio Gay. Documentos. Tomo I. París. 1846. [1789]. Citado en Alcamán, Eugenio. “La sociedad mapuche-huilliche del futahuillimapu septentrional. 1750-1792...”. Op. cit. p. 64).
[6] Ibíd.
y Quiroz, Daniel. “El repartimiento de Cunco y los Cuncos en el siglo XVII”,
Boletín Municipal de Osorno Nº 1, pp.110-112. P. 111,1995.
[7]Latcham, Ricardo. “Los indios de la cordillera... “ Op. cit.: 75.
[7]Latcham, Ricardo. “Los indios de la cordillera... “ Op. cit.: 75.
[8]
Diario de Campaña del Capitán Tomás de Figueroa. En: Alcamán. Eugenio. “La
sociedad mapuche-huilliche...” Op. cit.: 75.
[10] León,
Leonardo. “La alianza Puelche-Huilliche y las fortificaciones indígenas de
Liben, Rinihue y Villarrica, 1552-1583”. Boletín del Museo Histórico municipal,
Nº 1, pp. 113-151. 1994. p. 114.
[11]
Diario de Solicitud del Descubrimiento de los Nuevos Españoles de Osorno, por
don Salvador de Arapil en el año de 1785 y dio en el pasado de 70 a don Mateo
Malo de Molina, alférez de fragata de la Real Armada, quien lo remite desde la
Habana a don Manuel José de Orejuela en 30 de Marzo del presente de 1777.
Archivo Nacional, Fondo Varios, Vol 55, f, 423. Citado en: Alcaman, Eugenio,
“La sociedad mapuche-huilliche... Op. cit.: 77.
[13] Carta
del gobernador de Chiloé Narciso de Santa María al gobernador de Chile, Chacao,
20 de Noviembre de 1758. “Expediente sobre la apertura del camino de Osorno y
Río Bueno para mantener libre la comunicación de Chiloé con Valdivia año de
1763”, Archivo Nacional. Capitanía General, Vol. 694., f. 69v. Citado en:
Alcaman, Eugenio. “La sociedad mapuche-huilliche...” Op. cit.: 68.
[14]
Vergara, Jorge, Aldo Mascareño y RolfFoerster. “Las Tierras Huilliches de
Valdivia”. CONADI. Santiago. 1996. p. 20.
[15] Gay,
Claudio. “Historia Física y Política de Chile”. Documentos. Tomo I. Paris.
1846. Citado en: Alcaman Eugenio. “La sociedad mapuche-huilliche...” Op. cit.:
70.
[20]Alcamán,
Eugenio. “La expansión colonial española, desde Valdivia y la rebelión
huilliche de los Llanos y Ranco 1647-1793”. Boletín Nº 1. Museo Histórico
Municipal de Osorno. Osorno. 1994. p.14.
[21] Juan
Mackenna [1804]: “Sucinta descripción geográfica, civil e histórica de la
ciudad o jurisdicción de Osorno”. Biblioteca Nacional, Mss. Medina, Vol. 329,
f. 510. Citado en: Alcamán, Eugenio. “Sujeción y ciudadanía mapuche-williche.
La integración diferenciada y la asimilación forzada”. Ponencia presentada en
el Seminario Internacional “Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Tendencias
Internacionales y Realidad Local”, organizado por el Instituto de Estudios
Indígenas de la Universidad de La Frontera, en Temuco, 20-22 de julio de 2003.
[22] Urbina,
Rodolfo. “Chiloé y la ocupación de los llanos de Osorno durante el siglo
XVIII”. Boletín de la Academia Chilena de la Historia N° 98, Año LIV. Santiago.
1987. Citado en: Molina, Raúl y Martín Correa. “Las tierras huilliches de San
Juan de la Costa. CONADI. Santiago. 1998. p.26.
[26]
Molina, Raúl. “Territorio mapuche-huilliche de Osorno y legislación: la
historia de un despojo”. Centro El Canelo de Nos. Santiago. 1990. En: Vergara,
Jorge. “Los procesos de ocupación del territorio huilliche, 1750-1930. Tesis
conducente al grado de Magíster en Sociología. Universidad Católica de Chile.
Santiago. 1993. p. 77.
[35]
Correa, Martín y Raúl Molina. “Las tierras huilliches...” Op. cit.: 33.
Vergara, Jorge, et. al. “Las Tierras Huilliches...” Op. cit.: 277.
[39]Frick,
Guillermo. “Observaciones sobre la provincia de Valdivia, relativas al asunto
de la colonización chilena en esos lugares. Anales de la Universidad Vol. 7.
Santiago. 1850. Citado en: Vergara, Jorge. “Los procesos de ocupación...” Op.
cit.: 83.
[42] Jara,
Álvaro. Legislación indigenista en Chile. Instituto Indigenista Interamericano.
México. 1956. p.34. Citado en: Vergara, Jorge. La frontera étnica del Leviatán.
El Estado y los mapuche-Huilliches (Chile, siglos XVIII y XIX). Tesis para
optar al grado de Doctor en Sociología. Universidad Libre de Berlín. Berlín.
1998.
[45]
Torrealba Z. Agustín. “Tierras del Estado i radicación de indígenas”. Imprenta,
Litografía y Encuadernación Barcelona. Santiago. 1908. Citado en: Vergara,
Jorge, et. al. “Las Tierras Huilliches de Valdivia...” Op. cit.: 294.
46 Ibídem.
[50]
Torrealba Z., Agustín. “Tierras fiscales y de indígenas. Su legislación y
jurisprudencia”. Imprenta Universitaria. I y II Tomos. Santiago. 1917. Citado
en: Molina, Raúl y Martín Correa. “Las tierras huilliches...” Op. cit.: 303.
[58]
González C., Héctor. “Propiedad comunitaria o individual, las leyes indígenas y
el pueblo Mapuche”. Revista Nütram Nº 3, año II, pp. 7-13. Santiago. 1986.
[63]
Memorial y Documentos. Caciques Generales. Imprenta El Imparcial. Santiago,
1936. Citado en: Molina, Raúl y Martín Correa. “Las tierras huilliches...” Op.
cit.: 86.
[68]
González C., Héctor. “Propiedad comunitaria...” Op. cit.: 10.
[69] Vergara, Jorge, et. al. “Las Tierras Huilliches...” Op. cit.: 87.
[69] Vergara, Jorge, et. al. “Las Tierras Huilliches...” Op. cit.: 87.
[70]Rupailaf,
Raúl. “Las organizaciones mapuches y las políticas indigenistas del Estado
chileno (1970-2000)”. Revista de la Academia Nº 7, pp. 59-103. Editor
Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Santiago. 2002. Citando el
Memorial de la Junta de Caciques del Butahuillimapu de 1983, punto 2.4.
